El Poder Judicial rechazó el pedido del prófugo exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón para que se suspenda la ejecución de la condena de tres años y seis meses de prisión efectiva que se le impuso por el caso Aeródromo Wanka.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió el último 24 de octubre declarar «infundada» la solicitud que hizo Cerrón Rojas el pasado 8 de agosto para que suspenda la ejecución provisional de dicha condena por el delito de colusión simple.

Cerron presentó está solicitud en atención a un recurso de casación que interpuso ante el tribunal supremo para revocar la condena que le impuso la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, el 6 de octubre del 2023, en la que, además, se dispuso su inhabilitación por tres años y tres meses para ejercer cargo público

La defensa legal de Vladimir Cerrón propuso en su recurso de casación que se delimiten los indicios en la valoración de la prueba en delitos de colusión en función a la conducta de otros funcionarios públicos y se determine el inicio del cómputo de la prescripción de la acción penal respecto al delito de colusión simple, que es de ejecución instantánea.

La Fiscalía concluyó que Vladimir Cerrón no debió haber realizado gestiones para construir dicho aeródromo en la zona, ya que colisionaba con la postura del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidad que, a través de un informe, determinó que la región Junín ya cuenta con un aeropuerto y no se debía invertir en la creación de otro.

Cerrón Rojas y los otros condenados concertaron para la admisión, evaluación, adjudicación y firma del contrato para el Aeródromo Wanka en los distritos de Sicaya – Huancayo y Orcotuna – Concepción, en la región Junín, según la tesis del Ministerio Público.

Sobre el líder de Perú Libre, quien desde el  6 de octubre del 2023 está en calidad de “no habido” por la justicia,  también pesa un mandato de prisión preventiva por 24 meses, que se dictó en su contra como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político.