Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

La suerte del exconductor de televisión, Andrés Hurtado, conocido popularmente como “Chibolín”, quedó en poder de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que hoy lunes 28 de octubre evaluará si confirma o no el mandato de prisión preventiva por 18 meses que se le impuso como parte de la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 9:00 a. m., el tribunal supremo analizará el recurso de apelación que presentó Hurtado Grados, a través de su defensa legal, para que se revoque el extremo de la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el último 2 de octubre, en la que le impuso dicha medida restrictiva a pedido del despacho del fiscal supremo provisional Alcides Chinchay que interviene en este caso. 

El tribunal presidido por el juez supremo César San Martín aceptó el pedido de la defensa legal de Andrés Hurtado para que, en dicha audiencia virtual, se le conceda el uso de la palabra a su patrocinado a fin de que exponga su autodefensa desde el penal de Lurigancho donde está recluido.

La sala suprema también evaluará hoy lunes el recurso de apelación que presentó el despacho del fiscal supremo provisional Alcides Chinchay para que se revoque el extremo de la resolución que emitió el juez supremo Checkley Soria en la que impuso mandato de comparecencia con restricciones a la suspendida fiscal superior titular Elizabeth Peralta y el empresario Augusto Miu Lei a fin de que se les imponga 18 meses de prisión preventiva dentro de este proceso penal.

Al respecto, el último 21 de octubre, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó el impedimento de salida del país por 18 meses contra la suspendida fiscal superior titular Elizabeth Peralta y el empresario Augusto Miu Lei a pedido del despacho del fiscal supremo provisional Alcides Chinchay, medida que se computará desde el 21 de octubre del 2024 hasta el 20 de abril del 2026.