EN CASO LAVA JATO

Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en  Perú, puso fin a su colaboración con la justicia peruana en el marco del caso Lava Jato.

La medida surge luego de que un tribunal en Perú emitiera una orden de prisión preventiva en su contra, lo cual, según su abogado Carlos Kauffmann, constituye una medida arbitraria que infringe acuerdos de cooperación internacional entre Perú y Brasil.

Kauffmann señaló que esta orden de captura representa una “violación al tratado bilateral de cooperación judicial” entre ambos países, y afirmó que esta decisión “cierra cualquier posibilidad de que Barata pueda asistir a las autoridades  peruanas en sus investigaciones”.

El abogado, quien considera que la orden es “ilegal”, anunció que buscará medidas para anular la detención y planea elevar el caso a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), así como solicitar la intervención de Interpol para evitar la aprehensión de su defendido.

La medida judicial en contra de Barata está relacionada con la presunta participación del exdirector en el proceso de concesión del Gasoducto Sur, adjudicado durante el gobierno de Ollanta Humala.

Como es público, el Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva argumentando que Barata, pese a su rol de colaborador eficaz, se declaró inocente en este caso específico, incumpliendo así la condición de admitir responsabilidad para mantener beneficios procesales.

Esta controversia, según Kauffmann, podría llevar a que Brasil suspenda su cooperación en la investigación sobre Odebrecht, ya que las condiciones iniciales excluían usar evidencias contra colaboradores brasileños.

A raíz de esta decisión, investigaciones relacionadas con el financiamiento de campañas políticas y la entrega de sobornos para obtener contratos públicos, temas en los que Barata había brindado detalles clave, podrían verse truncadas.