Por: Silvana Pareja

El proceso electoral de los Estados Unidos, que llevó a la reelección de Donald Trump, se vislumbra como un punto de inflexión para la educación superior en ese país, con posibles repercusiones en otras regiones, incluido el Perú. Las políticas de Trump –que favorecen la privatización, la reducción de fondos públicos y una reforma drástica del proceso de acreditación universitaria– plantean inquietudes sobre la equidad y la calidad del sistema educativo.

Estos cambios deben servir de advertencia para los países que dependen de modelos educativos y políticas globales. En América Latina ya se han experimentado los efectos de enfoques neoliberales similares, en los que la priorización de la educación privada exacerbó las desigualdades. La experiencia estadounidense ilustra cómo, sin una supervisión adecuada, los estándares académicos y el acceso equitativo pueden verse afectados.

El proceso de acreditación ha sido tradicionalmente un mecanismo fundamental para mantener la calidad educativa y fomentar la diversidad en Estados Unidos. Sin embargo, las reformas propuestas por Trump podrían debilitar estos controles al buscar eliminar lo que se percibe como un sesgo ideológico progresista. Aunque se puede argumentar que esto fomenta la libertad de pensamiento, también se corre el riesgo de erosionar los mecanismos que garantizan la inclusión y la excelencia académica.

El Proyecto 2025, respaldado por el vicepresidente J.D. Vance, podría generar un cambio significativo al descentralizar la supervisión y redistribuir la acreditación entre múltiples agencias. Esto podría llevar a una fragmentación de los estándares de calidad, favoreciendo a las universidades más solventes que podrán adaptarse con mayor facilidad, mientras que las instituciones con menos recursos podrían enfrentar dificultades.

La nueva perspectiva del gobierno federal, enfocada en la recopilación de datos y dejando la regulación en manos de diversos actores, podría interpretarse como un esfuerzo para dar mayor autonomía a las instituciones. Sin embargo, también supone el peligro de inconsistencias en la aplicación de los estándares, lo cual podría afectar la coherencia y la confianza en el sistema educativo.

Para el Perú, esta situación subraya la importancia de evitar modelos que prioricen la desregulación sin una base sólida de supervisión. Las políticas educativas deben centrarse en el bien común, promoviendo la equidad y la sostenibilidad. Es crucial no solo observar las consecuencias inmediatas de las reformas en Estados Unidos, sino también comprender cómo la descentralización y la reducción de la intervención estatal podrían tener efectos adversos en la calidad y el acceso a la educación.

El riesgo de seguir estas políticas sin un análisis profundo es evidente. La privatización y la falta de supervisión podrían aumentar la desigualdad entre las universidades de élite y aquellas con menores recursos, perpetuando un sistema que limita las oportunidades para los sectores más vulnerables.

En conclusión, las decisiones educativas en Estados Unidos no deben influenciar el futuro del sistema educativo en el Perú. Por el contrario, el país debe reafirmar un compromiso con un modelo que asegure la excelencia académica y el acceso equitativo para todos. La adopción de políticas debe ser una respuesta a las necesidades sociales, fortaleciendo un sistema que garantice la inclusión y el desarrollo integral de la sociedad.