Por Sergio Alva

Durante años hemos vivido un sistema de judicialización de la labor policial cuando los efectivos usaban sus armas de reglamento para poder detener a un delincuente o incluso para su misma defensa personal. Diversos sectores progresistas cuestionaron innumerables veces las acciones de los agentes, desprestigiando su trabajo y logrando que hoy en día se pierda el respeto a la autoridad policial.

Gracias a Dios, esto terminó. El Congreso de la República ha autorizado en primera instancia que los agentes del orden puedan actuar de manera inmediata, garantizando el principio de presunción de inocencia y brindando mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú. La medida, que permitiría a los efectivos actuar contra la ola criminal que acecha al Perú, obtuvo un respaldo de 91 congresistas. Esta modificatoria de la ley contempla que los agentes policiales puedan utilizar sus armas de fuego ante un caso de flagrante delito. Esto, claro está, en el caso de que los delincuentes evidencien peligrosidad para la vida de ellos o de los ciudadanos presentes.

Algunos parlamentarios se mostraron en contra de esta medida. Y qué podíamos esperar de legisladores de la izquierda progresista como Sigrid Bazán, Ruth Luque, Susel Paredes y demás, que durante mucho tiempo han politizado la labor policial, desprestigiando la autonomía que tanto hace falta ahora para frenar esta ola delincuencial y de extorsiones por la que estamos atravesando. El discurso de estos congresistas es el mismo que siempre se ha repetido en las diversas manifestaciones: “el uso indiscriminado de la fuerza”. Son hechos que salen de este contexto en el que nos encontramos, pues la misma propuesta asevera que este accionar será justificado únicamente cuando el efectivo abata a un delincuente que represente peligro para él o el ciudadano.

A eso, hay que sumarle la clásica cháchara caviar de la defensa de los derechos humanos, lo cual nos ha tenido en una constante controversia en lo que es y no la justicia en el país. Bajo estos conceptos, que utilizan algunos sectores progresistas, las fuerzas del orden no han podido actuar como deberían. Y por eso actualmente estamos en este limbo de inseguridad y terror en la ciudad.

Solo quiero terminar con una pregunta: ¿hasta cuándo los progresistas del Perú no se darán cuenta de que sus discursos de la supuesta defensa de derechos humanos restringen a la verdadera justicia?