Por Erika Romero Díaz

Diario El Pueblo hizo público el indebido pago  a favor de funcionarios de confianza, en ese entonces uno de los beneficiados-Paul Rodríguez- defendió la legalidad del abono. La Contraloría ya demostró que no correspondía el desembolso, realizado en anteriores gestiones de la empresa eléctrica. 

SE FAVORECIERON 3 FUNCIONARIOS EN GESTIÓN PASADA

Tres funcionarios en SEAL dieron luz verde para que los gerentes de exclusiva confianza y dirección Paúl Roland Rodríguez Ochoa, Miryam Natalie Bardález Guevara y Carlos Enrique Morales Aráoz recibieran una indemnización de S/ 123 714.84; S/ 2341.86 y S/ 50 274.63 respectivamente, montos que no les corresponde de acuerdo al VII Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional. La Contraloría detectó que quienes dieron el visto bueno para tal desembolso son Carlos Morales Aráoz (jefe de Recursos Humanos 01/01/2021-12/12/2022), Lizeth Jackeline Quiroz Ramos (jefe interina de Recursos Humanos desde setiembre de 2022- agosto 2023) y Ronny Valencia Banda, quien hasta la fecha ocupa el cargo de asistente de Planillas. El perjuicio económico ocasionado a SEAL asciende a S/ 173 332.

La Contraloría señaló que se debe iniciar un proceso administrativo sancionador a Morales y Quiroz quienes ya no prestan servicio en la empresa de la electricidad. A ellos, la procuraduría del Estado debe demandar en la vía civil seguramente para exigir una indemnización por el daño ocasionado.

Mientras que Valencia debe responder por su actuar ante una comisión de deslinde de responsabilidad conformada al interior de SEAL.

Sobre el pago indebido hay una investigación penal en curso, el 24 de abril del año pasado este diario informó de una intervención de la Fiscalía Anticorrupción y de la Diviac que recogieron documentos relacionados con el cuestionado desembolso de las indemnizaciones. En ese momento, Paúl Roland Rodríguez Ochoa, uno de los favorecidos, era el gerente de la entidad.

EL VISTO BUENO

En el VIl Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional, del 22 de mayo de 2018, los jueces Supremos de las Salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema concordaron que no se genera derecho a indemnización para los trabajadores que han sido nombrados directamente en un cargo de dirección o confianza y a los cuales posteriormente se les retire la confianza. Tanto el Poder Judicial como el Tribunal Constitucional (TC) asumieron tal postura.

Pero en SEAL, en ese entonces, prefirieron dar mayor valor a unos informes legales externos realizados por estudios de abogados contratados por la institución y que les eran útiles para sus propósitos.

Rodríguez Ochoa recibió por concepto de indemnización de despido arbitrario S/123 714.84. Él hizo efectivo el cobro.

El asistente de Planillas Ronny Valencia dijo en su defensa que la Liquidación de Beneficios Sociales estuvo a su cargo, pero solo obedecía órdenes.

“Como podrá usted observar el cargo que actualmente vengo desempeñando es totalmente subordinado lo que me conlleva a recibir órdenes de mis superiores y estos últimos sujetarse a informes legales internos o de estudios legales externos», indicó Valencia.

Entre los informes que adjuntó Valencia, para justificar su accionar, está el del Estudio Gálvez & Dolorier del 16 de noviembre de 2018, recuerde que el VIl Pleno Jurisdiccional Supremo en materia Laboral y Previsional fue el 22 de mayo de ese mismo año. Para el citado estudio no había ninguna razón por la que correspondería dar una indemnización a un profesional que ejerciera cargo de confianza, pero no tomaron en cuenta la recomendación legal.

El documento que contiene la Liquidación de Beneficios Sociales de Rodríguez Ochoa, fue suscrito por Lizeth Jackeline Quiroz Ramos, jefa de Equipo de Administración de Personal y Carlos Enrique Morales Araoz, jefe de la Unidad de Recursos Humanos, también beneficiado con la irregular entrega de dinero.

A Quiroz Ramos, la Contraloría le preguntó en base a qué documentos autorizó el pago de indemnización. Ella dijo, el 20 de marzo de este año, que tomó en cuenta expedientes de liquidaciones de beneficios sociales e indemnizaciones de personal de dirección y confianza cesado con anterioridad, informes legales y precedentes de la Empresa (SEAL).

A Quiroz también se le interrogó por lo sostenido para pagar a Miryam Natalie Bardález Guevara la suma de S/ 2341.86.

«El jefe de la Unidad de Recursos Humanos (Carlos Morales Aráoz), me comunicó que el colegiado aprobó mediante Acuerdo de Directorio el retiro de confianza de la Gerente de Asesoría Legal Abg. Miiyam Bardales Guevara; por lo que, dispone que se proceda con la liquidación de beneficios sociales e indemnización, para lo cual le solicité información legal respecto al pago de indemnizaciones; así como los precedentes que obran en el área”, señala la exfuncionaria de SEAL en su defensa.

Los auditores de la Contraloría revisaron en los documentos que tal orden de pago haya salido del directorio de la empresa de electricidad. Lo que hallaron fue que ciertamente decidieron quitar la confianza a Bardales, pero sobre la indemnización precisaron que se debían pagar los beneficios sociales e indemnizaciones, de corresponder, de acuerdo a Ley.

SEAL TOMA ACCIONES

Consultamos a SEAL qué acciones han implementado sobre los pagos indebidos por concepto de indemnización hechos a tres funcionarios de confianza.

Señalaron que no hay más pagos de indemnizaciones porque no corresponden y que han iniciado acciones administrativas sobre el asistente de planillas conformándose una comisión de deslinde de responsabilidades con fecha 31 de octubre de 2024. Los delegados tienen 45 días hábiles de plazo para que realicen las investigaciones.

¿HABRÁ DEVOLUCIÓN?

Este diario se comunicó con el exgerente Paul Rodríguez, quien indicó que en el proceso de investigación penal no figura como imputado sino tiene la condición de testigo.

En el informe de Contraloría se señala que el contrato individual de trabajo se especifica que Rodríguez se desempeñaba en un cargo de dirección y confianza. Pero el exgerente de SEAL insiste en su argumento de defensa muy particular: «Yo como cualquier trabajador solo recibí mi liquidación».

A Rodríguez le señalamos que la Contraloría ha corroborado que no se le debía haber abonado los S/ 123 714.84 y que cobró un dinero que no le corresponde, eso es éticamente cuestionable. «¿Devolverá lo indebidamente recibido?», le preguntamos.

“Yo no hago las liquidaciones de los trabajadores, eso lo realiza la empresa a través de su área de Recursos Humanos, si como usted dice que alguna institución me solicita la devolución, por mi liquidación, tendré que revisar, el por qué y si he cometido alguna falta legal lo haría sin ningún problema, pero prefiero esperar», afirmó.