Por: Carlos Meneses

La orden de detención preventiva dispuesta por el juez Carhuancho debe ser resuelta en el nivel de instancia superior en forma clara e inmediata ante la inquietud ciudadana existente y cuestionada por el gabinete Adrianzén.

El juez Richard Concepción Carhuancho ha dispuesto la detención preventiva de Nicanor Boluarte y otros tres funcionarios del Ministerio del Interior por presunta participación en conseguir apoyos ciudadanos en favor del partido Ciudadanos por el Perú que respaldarían propuesta electoral para el 2026 de una agrupación política afín a la presidenta Dina Boluarte.

El señor Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado, no se ha presentado a la audiencia en que se ha dado trámite a la decisión del juez Carhuancho y aunque es cierto que hay una apelación en trámite sobre lo que debe resolver tribunal superior, la verdad es que el caso se ha complicado para los presuntos responsables y también para la señora Boluarte y el Poder Ejecutivo.

En todo caso, Nicanor Boluarte no es habido ni por la Policía ni por la orden judicial y los reclamos ciudadanos son de urgente solución que debe ser cumplida de acuerdo a normas legales vigentes.

Es verdad que el tribunal judicial que verá la apelación de la defensa del señor Boluarte tiene pendiente el recurso planteado, pero la inquietud sobre el caso en la opinión pública es de necesario esclarecimiento y definición.

Lo que de ninguna manera se quiere es que se repita el proceso que tiene por resolver Vladimir Cerrón y que ha conmovido a la opinión pública y que ahora tiene abierta la posibilidad de un aclare definitivo sobre caso que tiene resolución judicial a favor de la detención preventiva del político.