El Poder Judicial deberá convocar a un nuevo juez supremo dirimente para definir si dicta o no 18 meses de prisión preventiva contra la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, como parte de la investigación preparatoria que se le sigue junto al exconductor de televisión, Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado.

Esto debido a que el juez supremo provisional Saúl Peña Farfán emitió su voto a favor de que se declare fundado el recurso de apelación que presentó la Fiscalía Suprema para que se revoque el extremo de la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el último 2 de octubre, en la que impuso a la suspendida magistrada mandato de comparecencia con restricciones y reformándolo se le imponga 18 meses de prisión preventiva dentro de este caso.

Mediante una resolución emitida el último 22 de noviembre, a la que tuvo acceso RPP, Peña Farfán se adhiere al voto que emitieron, en el mismo sentido, las magistradas supremas María Altabás  y Norma Carbajal, integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, instancia en la que se produjo una discordia tras la evaluación del recurso de apelación de la Fiscalía Suprema.

Con este escenario, se produce un empate de votos debido a que los 3 restantes magistrados integrantes de dicho tribunal supremo César San Martín, Iván Sequeiros y Manuel Luján votaron a favor de que se confirme la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley de imponer a la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta mandato de comparecencia con restricciones en este proceso penal.

Al encontrarse el caso empatado a tres votos por lado, la normativa penal establece que se deberá convocar a un nuevo juez supremo dirimente para que evalúe dicha apelación fiscal en una audiencia virtual a programar y emita un pronunciamiento que permita alcanzar los cuatro votos que se requiere a nivel de la Corte Suprema para alcanzar una decisión “por mayoría” respecto a este asunto.

El juez supremo Saúl Peña Farfán determinó que el mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses solicitado por la Fiscalía Suprema contra Elizabeth Peralta es una medida que resulta idónea para la averiguación de la verdad, ya que como se ha desarrollado de forma precedente, existe un riesgo razonable, objetivo y sólido de la perturbación de la investigación.

Peña Farfán considera que esta medida restrictiva también es necesaria, al no existir otras menos gravosas que permitan evitar el despliegue de conductas obstruccionistas en la obtención de información e, incluso, pasible de eliminación.

Finalmente, el magistrado remarca que dicha medida restrictiva es proporcional en sentido estricto, pues, teniendo en cuenta la ponderación entre el derecho a la libertad de la encausada y el deber de persecución penal para el esclarecimiento de los hechos (graves delitos de corrupción), se sobrepone este último por ser un fin constitucionalmente valioso.