Por: Carlos Meneses

Lo ocurrido con la minería peruana tendrá consecuencias para nuestro desarrollo y bienestar. Es una demostración de un abuso de poder que no debe volver a repetirse y menos en una nación que se precia de defender la ley y la democracia.  

Desde hace años, tantos que han convertido la principal riqueza de nuestro país en una aventura de ilegalidad que ha llegado al extremo de jaquear al Estado, bloquear carreteras y conseguir un régimen de excepción que ha terminado en un daño enorme a la economía.

Obstaculizando el paso de vehículos en vías han impuesto una ampliación ilegal para que miles de millones de dólares no sean tributados como es debido y, finalmente, lograr que el Parlamento conceda prórroga por un año de las condiciones ilegales en la que está operando la producción minera y que se prolongarán por lo menos hasta dentro de un año.

Los mineros artesanales o ilegales han demostrado que en este país la ley no sirve y han utilizado recursos que nadie sabe cuál es su origen para imponer condiciones al Estado mismo; se ha impuesto mediante bloqueo de carreteras, escasez de alimentos para los más pobres y han conseguido lo que para todos no debería ocurrir.

Departamentos del sur del Perú han sufrido la obstrucción de pistas por días y noches, mientras la minería ilegal imponía condiciones al Congreso de la República y la mayoría de parlamentarios cedían ante los abusos. Tendremos un año más de fuga de dinero a plantas extranjeras.

Oro y cobre escaparán de los controles y de la fiscalización estatal. Han ganado una batalla más los informales y las consecuencias de lo sucedido es lamentable ahora y también mañana. Preguntamos, dónde estuvo la Policía y la Fuerza Armada para reabrir cerradas vías, dónde anduvieron los negociadores hábiles y los convencedores de bondades para evitar que se consumara el abuso que lamentamos.