Por Juan Sheput

Durante los años de mayor dureza en el enfrentamiento contra las guerrillas, en Colombia surgió el nombre de “falsos positivos” para definir a aquellos fallecidos que, sin pertenecer a las guerrillas o al narcotráfico –es decir, siendo inocentes– aparecían como “muertos en combate” solo para dar la imagen de una efectividad operativa al Ejército del país norteño. Presentar bajas del enemigo significaba obtener una serie de beneficios para los soldados y oficiales, como licencias, ascensos, mejoras económicas y al gobierno le significaba una imagen triunfadora ante la ciudadanía. Fueron cerca de 2000 personas inocentes las asesinadas para dar esta falsa imagen de eficiencia operativa. Los responsables están en la cárcel.

Hace unos días en un programa de TV se difundió el reportaje denominado “Operaciones bamba”, en el cual se vio que malos agentes de la Policía Nacional del Perú detenían a ciudadanos a los que luego se le sembraban falsas pruebas para dar una imagen de efectividad policial y para que el Ministerio del Interior pudiera exhibir alguna victoria en esta lucha que están desarrollando contra la delincuencia organizada. En unos de estos operativos se detuvo a nueve ciudadanos inocentes que se dirigían a trabajar, a quienes se les llamó “Los siniestros de la extorsión”. La investigación periodística determinó que no había habido extorsiones, que los supuestos extorsionados no lo habían sido y que no conocían a los involucrados; es decir, todo sería una farsa para que esta mala Policía pueda vender una imagen de efectividad. Si bien es cierto no llega a los niveles que marcaron una etapa desgraciada en Colombia, aquí no levantar la voz puede dar pie a que la penosa práctica escale.

Estas personas inocentes permanecen detenidas con el consiguiente drama familiar y personal. La Policía Nacional del Perú, seguramente por órdenes de algún individuo que quiere aparentar eficiencia en las alturas, se niega a dar información y, lo peor, incluso a liberarlos. Esto es un escándalo mayúsculo. Los buenos oficiales de la PNP, que los hay, no pueden permitir que unos canallas destruyan el prestigio y la honorabilidad que siempre ha rodeado a la Policía. Hasta hace unos años la PNP era la organización pública más prestigiosa. Ahora, por culpa de ministros y algunos aprovechados, su imagen ante la ciudadanía anda por los suelos.

¿En qué tipo de país nos hemos convertido en que se puede detener a un grupo de personas, sembrarles pruebas falsas y privarlos de su libertad sin que nadie se escandalice? Esta situación es monstruosa y es un indicador de que el gobierno de Dina Boluarte anda podrido hasta la médula. Sólo por esta acción el ministro del Interior, Juan José Santiváñez debería ser separado de inmediato del cargo o censurado pero sucede lo contrario, es protegido por los parlamentarios, sobre todo por los de origen militar, Fuerza Popular o APP. Ese es el nuevo oficialismo que permite este tipo de despropósitos.

Como en todo organismo o colegiado, siempre hay personas que se deben exceptuar de la apreciación general, para bien o para mal. Las generalizaciones a lo único que conducen es a la absolución de los verdaderos culpables o responsables. Por eso se debe investigar a fondo este hecho para precisar quiénes son los responsables y liberar a los ciudadanos inocentes que en número de nueve continúan detenidos. Asimismo, los organismos de derechos humanos deben solicitar de una vez el nombre de los nueve detenidos y exigir garantías para sus vidas. Repito, es monstruoso que esto esté sucediendo en nuestro país. Las familias de los detenidos están muy preocupadas porque son conscientes de que la Policía se niega a liberarlos porque sería un indicador de asumir este hecho penoso y degradante. La caída libre del país es imparable por obra y gracia de Dina Boluarte.