Por: Carlos Meneses

El bloqueo de carretas que promovieron mineros ilegales ha tenido consecuencias graves en la población y el gobierno no ha sabido responder al cierre de vías que ha durado más de una semana.

El gobierno ha ampliado el estado de emergencia donde estuvo vigente más de 2 meses. A propósito del tema se ha derivado una discusión pública entre el ministro del Interior, Juan José Santiváñez- respaldado por la Policía Nacional- y los alcaldes de los distritos donde se aplicó el régimen de excepción con posiciones diferentes de uno y otro lado. Lo evidente es que no hay acuerdo sobre quién tiene la razón en la afirmación de que los resultados han sido positivos y del otro lado, que eso no es verdad.

Lo que realmente ocurre es que persiste la violencia en Lima y que los esfuerzos que se han hecho han resultado, por decir lo menos, incompletos.

Es más alarmante aún el enterarse que a raíz de la reciente crisis minera que bloqueó carreteras en 7 lugares, incluidos 4 de Arequipa, ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas hicieron lo justo y necesario para posibilitar el funcionamiento de las vías provocando escasez de alimentos y de combustible y también un abandono a las poblaciones que quedaron desabastecidas e incluso desamparadas de protección, como en el caso de un camión cuya mercadería fue totalmente robada y que estaba valorizada en S/ 180 mil.

Se dice que el gabinete ordenó tener prudencia en el accionar militar y probablemente sea cierto, pero pasó lo mismo con la Policía.

La experiencia vivida ha sido traumática para todos y especialmente para quienes sufrieron las consecuencias del desabastecimiento y de alza de precios.