Por: Tomas Reto – Consejo Privado de Competitividad

PERÚ COMPETITIVIDAD

En lo que resulta ser una historia que se repite y repite cada cierto tiempo, el Congreso de la República está ad portas de aprobar una Ley (pendiente de una segunda votación en el Pleno) que atenta contra la meritocracia del sistema educativo peruano.

Bajo la normativa vigente, para ser nombrado docente en Educación Básica, los interesados deben ganar una plaza en un concurso público de nombramiento que incluye una evaluación en dos etapas. Solo aquellos postulantes que aprueben la evaluación podrán seleccionar las plazas en las que quisieran ser nombrados. Finalmente, el Ministerio de Educación (MINEDU) determinará a los ganadores, tomando en consideración tanto el orden de mérito en la evaluación, como las preferencias de los postulantes.

La diferencia entre las plazas que priorizaron los docentes y las plazas disponibles puede ocasionar que no se asignen todas las plazas que estaban ofertadas. Esta situación se genera a pesar de que el MINEDU ha establecido una etapa de “repechaje” para aquellos docentes que no fueron acreedores de las plazas que querían. En este “repechaje”, los postulantes, respetando el orden de mérito de la evaluación, tienen la facultad de aceptar una plaza disponible que no formó parte de sus preferencias iniciales. Así, los resultados finales del concurso 2022 muestran que, de 101 509 plazas disponibles, se asignaron solo 74 767, quedando desiertas 26 742 plazas.

La Ley que el Congreso de la República está ad portas de aprobar establece que, para los postulantes que, habiendo aprobado la evaluación no resultaron ganadores de una plaza en un concurso ya culminado, se les habilite una etapa extraordinaria adicional en la que se les asignen las plazas desiertas, en orden de mérito a los resultados de la evaluación. Esta Ley, que en la práctica instaura un segundo “repechaje” que se realizaría después de la culminación del concurso, deja abierta la posibilidad que sea aplicada a todos los concursos de nombramiento previos y futuros, resultando altamente perjudicial para la meritocracia principalmente por dos razones:

Primero, esta Ley afectaría directamente la competitividad de los concursos de nombramiento docente. Una plaza desierta puede volver a ser concursada, con lo cual los postulantes al concurso 2024 que podrían obtener mejores puntajes que los postulantes no ganadores en concursos previos, perderían la posibilidad de tentar a obtener las plazas que quedaron desiertas. Cabe resaltar que la Ley de Reforma Magisterial establece claramente en su artículo 21 que los concursos son independientes y sus resultados son cancelatorios, por lo cual esta Ley vulneraría lo dispuesto en dicha norma.

Segundo, que esta Ley alargaría las consecuencias lesivas de la reducción de la exigencia de la evaluación docente en los concursos de nombramiento que se realizaron desde 2022. Mientras que entre 2015 y 2019 solo el 10% de los postulantes aprobó la primera etapa de la evaluación docente (consistente en una prueba única aplicada a nivel nacional), en el concurso 2022, la tasa de aprobación se incrementó notablemente a 46% (y fue de 30% en el concurso 2024). Este incremento, que podría atribuirse a que los postulantes se prepararon mejor para dar su examen, en realidad esconde que la nueva prueba tuvo una reducción en el número de preguntas y subpruebas. Además, se eliminó el puntaje mínimo de las subpruebas referidas a la comprensión lectora y razonamiento lógico, y se redujo, de 60% a 55%, el porcentaje mínimo de puntos de la prueba que se deben obtener para tener un resultado aprobatorio. Evidentemente, con una prueba que, como dirían nuestros estudiantes, era más “papayita”, aprobaron más postulantes y son ellos quienes ahora tendrán un segundo “repechaje” para intentar conseguir una plaza que quedó desierta.

El Consejo Nacional de Educación y el Pacto Nacional por la Educación de Calidad ya se han pronunciado en contra de la Ley. Incluso el MINEDU, aquel que decidió reducir la calidad de la prueba única nacional desde el 2022, ha opinado en contra de esta anti–reforma a la meritocracia. Como sociedad civil, finalmente, nos queda permanecer alerta a los atentados que desde el Legislativo y el Ejecutivo se vienen dando a la meritocracia en la selección de docentes, lo que afecta la educación de nuestros estudiantes.