Contraloría halló irregularidades en vía que ejecuta el gobierno regional
Por Jorge Turpo Rivas
Los trabajos tienen tres meses de retraso y se contrató a un ingeniero que no tiene registro. Se trata de la vía alterna que se construye para darle utilidad al puente de la autopista Arequipa – La Joya cuando quede concluido.
OBRA ES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Con tres meses de retraso en su entrega, la gestión del gobernador regional, Rohel Sánchez Sánchez, ejecuta la obra de la vía alterna a la autopista Arequipa – La Joya, conocida como la Nueva Molina, con un presupuesto de 30 millones 329 mil soles. Se trata de una de las 87 obras que se realizan por administración directa y también presenta irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República.
Según el órgano de control, la obra inició en febrero de este año y debió ser entregada a inicios de setiembre, pero registra un preocupante retraso que ya ha significado un gasto adicional de 2 millones 66 mil soles.
Además, durante la intervención de la Contraloría se detectó que la ejecución de subbase granular de la vía se hace sin respetar el expediente técnico, pues el agregado grueso (piedras) presenta dimensiones mayores a las establecidas en la normativa técnica específica, lo cual podría afectar la calidad y vida útil de la vía.
La decisión de construir la vía en La Nueva Molina se dio por el considerable retraso que reporta el proyecto de la autopista Arequipa – La Joya. Los componentes de los túneles mellizos y el intercambio vial en el cruce de La Joya tardarán, siendo optimistas, dos o tres años más.
Entonces, como ya se empezó a instalar el puente de la autopista se planificó hacer la vía alterna por La Nueva Molina hasta la zona de Uchumayo para que el puente tenga alguna utilidad. Sin esa vía, el puente quedaría inservible hasta que se construyan los tramos que le faltan a la autopista.
El puente debió quedar instalado en junio último, pero ante la inoperancia de los funcionarios del gobierno regional, no se tramitó a tiempo la adenda adicional de más de 3 millones de soles ante la Contraloría.
Eso provocó un grave retraso porque recién en setiembre se le aprobó la ampliación del presupuesto. El nuevo cronograma indica que el puente recién estará operativo en junio del 2025.
Hasta el momento no se puede reiniciar la obra física del puente porque la contratista no alquila la gigantesca grúa que se requiere para colocar la losa del puente.
PROBLEMAS
Otra irregularidad detectada por la Contraloría en la obra de La Nueva Molina está referida al inspector de obra. Resulta que el encargado del control de la ejecución de la obra desempeña sus funciones sin contar con la respectiva habilitación de su colegio profesional.
“Es una situación que podría afectar la legalidad y validez de los documentos suscritos por este”, destaca la Contraloría en su informe.
También se advierte que la entidad no registra ni actualiza la información de la ejecución de la obra en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOOBRAS) afectando la transparencia, acceso a la información pública, control social y seguimiento de la obra.
Por ejemplo, la Contraloría detectó que en el registro de Adicionales y Deductivos el gobierno regional, en julio de este año, aprobó un incremento del presupuesto de la obra por un monto de 2 millones 66 mil soles, no obstante, dicha modificación no se encuentra registrada en el portal web del INFOBRAS.
El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, César Huamantuma, indicó que la obra de La Nueva Molina tiene irregularidades desde su concepción porque la incluyeron como un componente de la Autopista Arequipa – La Joya cuando no correspondía.
“Esa obra nunca debió ejecutarse, la vía alterna de la Autopista Arequipa – La Joya se realizó hace años, pero en esta gestión le destinaron más de 30 millones de soles para algo que será provisional y lo peor es que lo han realizado de manera irregular”, comentó.
Es por ello que en agosto de este año, tras un informe de fiscalización, se aprobó el Acuerdo Regional N°155 donde se le pide al Ejecutivo regional que establezca responsabilidades en los funcionarios que contravinieron la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones al destinar recursos para la ejecución de esa obra.