Por: Rocío Velazco, Erika Romero y Jorge Turpo. Fotos: Zintia Fernández L.

ELECCIÓN ES MAÑANA

El jueves al mediodía habrá Sala Plena en la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA) para elegir a quien los representará para el periodo 2025-2026. En total son 31 los jueces superiores que deberían asistir a esa cita. Según lo explicado todos, es decir los 31 están habilitados para ocupar la Presidencia de la CSJA, pero de ese grupo 5 han hecho pública su intención de representar a los magistrados que imparten justicia en este distrito judicial. Se trata de los jueces Max Rivera Dueñas, Kenneth del Carpio Barreda, José Luis Yucra Quispe, Nicolás Iscarra Pongo y Celis Mendoza Ayma.

El proceso de elección está dividido en 2 etapas. Previa a la emisión del voto, los magistrados reunidos en Sala Plena pueden presentar otras candidaturas además de las ya señaladas, una vez culminadas las postulaciones, comienza la votación. La primera vuelta se rige bajo el criterio de mayoría absoluta. Es decir 17 votos.

“En el historial de votaciones no se ha elegido a un presidente de la Corte con ese sistema”, nos explicaron. Superada esta fase, se abre la segunda vuelta donde la elección es por mayoría simple. El que obtenga más votos será designado como el presidente de la CSJA. El proceso eleccionario no demorará mucho y es muy posible que para las 13 horas de este jueves se conozca el nombre del nuevo representante de la CSJA.

Este diario conversó con Rivera Dueñas, Del Carpio Barreda, Yucra Quispe, Iscarra Pongo y Mendoza Ayma, a los 5 se les planteó las mismas interrogantes.

MAX RIVERA DUEÑAS:

“Una visión humana y ética para la Corte Superior de Justicia de Arequipa”

En el marco de las elecciones para la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el juez Max Rivera Dueñas presentó una visión renovadora y comprometida para liderar la institución durante los próximos dos años. Con más de 40 años de servicio en el Poder Judicial, Rivera busca posicionarse como un presidente que prioriza la sensibilidad humana, la ética y la inclusión, en contraposición a modelos de liderazgo jerárquicos y elitistas.

El magistrado enfatizó que el pilar fundamental de su propuesta es la humanización de la justicia. “Un juez inhumano, insensible y sin valores no debería ser juez, sin importar cuántos títulos tenga”, afirmó con convicción. Según subrayó, la labor judicial trasciende la mera aplicación técnica de las normas y exige una profunda empatía hacia las personas que acuden al sistema judicial, muchas veces en situaciones de extrema vulnerabilidad.

“Nosotros los jueces de familia vemos a las personas, no solo los casos. Debemos identificarnos con ellas para entender su realidad y brindarles justicia, no solo una resolución legal”, agregó. Este enfoque, explicó, también debe permear la relación interna en la Corte, promoviendo un trato respetuoso y equitativo hacia todos los trabajadores, desde los jueces superiores hasta el personal administrativo.

Max Rivera dejó claro que su presidencia no estará limitada a servir únicamente a los jueces superiores, quienes son los que eligen al presidente de la Corte. “Soy elegido por los jueces, pero mi responsabilidad es para con todos: jueces, trabajadores administrativos y la ciudadanía. Si no logro incluir a todos, ¿cómo puedo esperar que confíen en el sistema judicial?”, señaló.

Entre sus propuestas destacan: Un liderazgo horizontal y accesible; fortalecimiento de la ética judicial; atención a las condiciones laborales y reducir la sobrecarga de trabajo ( juzgado que debería manejar 1500 casos tiene 3000); y  finalmente la humanización del servicio judicial, para ello propone reforzar la atención al público para que las personas sientan que son tratadas con respeto y dignidad, especialmente en contextos donde llegan con problemas legales o personales complejos.

También abordó uno de los temas más sensibles para el sistema judicial: la corrupción. Aunque reconoció que este es un problema estructural en el país, destacó que en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, los casos de corrupción son mínimos. “Puedo garantizar que en el 99% de los casos no hay corrupción aquí, la mayoría de casos son por retrasos en los procesos, sabemos que la falta de celeridad de justicia, es un problema estructural. Hemos establecido controles internos rigurosos, y eso debe mantenerse”, afirmó.

No obstante, Rivera es consciente de que la percepción pública sobre el sistema judicial sigue siendo negativa, debido a casos de corrupción ocurridos en otras partes del país o a una desconexión entre la ciudadanía y las instituciones judiciales. “Es crucial comunicarle a la población que aquí en Arequipa trabajamos con integridad. Necesitamos demostrar con acciones y resultados que somos una Corte diferente, comprometida con la justicia y no con intereses personales o políticos”, expresó.

Para combatir la percepción de corrupción, propone fortalecer la transparencia mediante la difusión de estadísticas sobre resoluciones, tiempos de atención y logros, así como implementar canales accesibles para que la ciudadanía pueda expresar sus inquietudes. “La justicia no solo debe ser justa, sino también percibida como tal. Si no recuperamos la confianza del público, no podremos avanzar como institución”, añadió.

Dentro de su plan de trabajo ha considerado la digitalización de procesos: Modernizar los sistemas administrativos y judiciales para reducir tiempos y mejorar la eficiencia; la capacitación constante: Promover programas de formación en ética, resolución de conflictos y habilidades interpersonales para jueces y trabajadores; la descentralización y autonomía e impulsar la escucha activa, es decir crear espacios regulares de diálogo con el personal judicial y administrativo para atender sus necesidades y sugerencias.

Rivera también subrayó la importancia de priorizar el bienestar emocional del personal judicial, considerando el desgaste que enfrentan en su labor diaria. “No podemos tener trabajadores desmotivados o agotados. Un sistema judicial eficiente empieza con un equipo humano que se sienta valorado y apoyado”, concluyó.

 “Si soy elegido presidente, mi compromiso será con todos, no solo con los jueces superiores. Mi misión será fortalecer la Corte como una institución ética, humana y eficiente que inspire respeto y confianza. Porque solo así lograremos que la justicia cumpla su verdadero propósito: servir a las personas”.

Con un enfoque basado en valores y un liderazgo inclusivo, Max Rivera busca consolidar un sistema judicial que no solo resuelva casos, sino que también reconecte con la ciudadanía a través de la transparencia, la empatía y el compromiso ético. Su experiencia y visión lo posicionan como un candidato que entiende los retos y las oportunidades que enfrenta la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Reveló que él recomienda el libro “Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial”,  porque considera indispensable reforzar los valores éticos y morales de todos los actores judiciales. “Este pequeño libro debería ser nuestra guía diaria. No se trata de filosofía, sino de principios prácticos que pueden transformar nuestra labor”, concluyó.

KENNETH DEL CARPIO BARREDA:

El juez superior Kenneth del Carpio Barreda preside la Segunda Sala Laboral Contenciosa Administrativa y Previsional. El candidato nos explica que, en el 2024, la CSJA administraba S/ 142 280 663, dinero que está comprometido en pagar los salarios de los trabajadores, los servicios básicos para el funcionamiento, alquileres de locales. No hay dinero para más. Antes sí generaban recursos por concepto de tasas judiciales, notificaciones, pero con un decreto supremo el gobierno de Martín Vizcarra “secuestró” los recursos que se generaban a través de tasas judiciales notificaciones ese dinero servía para viabilizar algunos proyectos destinados a mejorar el servicio.

“El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo dijo que se necesita S/ 5500 millones de presupuesto para que puedan realizar funciones, pero ha sustentado S/ 3915 millones monto que está por debajo de lo que se requiere. También solicitó que se devuelvan los recursos propios para con ello poder trabajar”.

Para superar esta situación el magistrado nos indica que corresponde pedir el apoyo del gobierno regional, municipalidades, hacer gestión. Recordó que incluso se inició diálogo con el entonces alcalde de Yarabamba porque es uno de los distritos que percibe un alto monto por concepto de canon, pero que todo se frustró cuando Manuel Aco Linares fue detenido.

“El propósito fue pedir el apoyo presupuestal para mejorar las instalaciones de la Corte con miras a instalar dos ascensores para que las personas justiciables con dificultades para movilizarse puedan acceder a las instalaciones con mayor facilidad. Eso se frustró”.   

Del Carpio dejó en claro que esto jamás significará que se ponga en riesgo la independencia y autonomía para impartir justicia. Con esa gestión se podría construir locales propios, ofrecer mejores ambientes a los justiciables.

Tienen donaciones antiguas de terrenos. Uno de ellos está en Camaná, específicamente un espacio cerca al penal de Pucchún donde se pueden hacer las audiencias para que los detenidos no vayan hasta la dependencia judicial de esa provincia y haya peligro de que pueda escapar. No tenemos dinero para construir esa sede. Ese es el trabajo de gestión que le corresponde al presidente de la Corte lograr que el Gobierno Regional de Arequipa y los municipios inviertan en justicia.   

“No solo se trata de reclamar el presupuesto que es válido hacer, sino hay que hacer gestión”.

Sobre la carga procesal y la demora en la resolución de litigios señaló que se continuarán realizando los flujos de procesos en las áreas que no han sido intervenidas con la finalidad de ahorrar tiempo y poder emitir sentencias a tiempo. La oralidad en el proceso civil se seguirá impulsando, esta es una de las principales preocupaciones de Del Carpio. Es que en su labor jurisdiccional ha visto que muchos de los litigantes fallecen antes de lograr que se le reconozcan los beneficios laborales o previsionales.

Antes de ser juez nombrado, Del Carpio se desempeñó como secretario judicial, es decir conoce de las necesidades de los servidores judiciales, de los justiciables, eso es lo que lo diferencia de los otros postulantes.

“Cuando me desempeñé como juez civil había problemas porque los 10 jueces civiles no teníamos igualdad de criterios, entonces decidí tomar la batuta, los 10 jueces nos reunimos en una suerte de plenito del área civil y fijamos criterios para no perjudicar a la población, mejoramos el servicio cambié disposiciones respecto de préstamos de expedientes para darle facilidades a los justiciables. La consecuencia fue que el área civil brilló tanto que los abogados nos felicitaron. Esto fue en el año 2002”.  

De otro lado, nos comenta que el despacho que preside no tiene asignación presupuestal especial, el mobiliario con el que trabaja no ha sido renovado, pero ha sabido reducir la carga procesal de su despacho. “He visto que los litigantes de pensiones se nos van muriendo en el trámite del proceso, gente adulta mayor, eso nos causa pesar y aplicar temas de celeridad y el defensor legal del Estado no contribuye en nada porque apelan a pesar de no tener razón”.     

El magistrado está convencido que en la CSJA no hay corrupción porque se cuenta con buenos jueces y trabajadores. “Esta Corte es referente a nivel nacional”.

Sobre las normas conocidas como la ley Soto y la modificación de la ley contra el crimen organizado dijo que da la impresión que hay un contubernio entre el Ejecutivo y el Legislativo, en desmedro del Poder Judicial, amparando intereses personales. Del Carpio Barreda no tiene quejas en su contra ante el órgano de control.

JOSÉ LUIS YUCRA QUISPE:

José Luis Yucra Quispe integra la Segunda Sala Civil, nos dice que el presupuesto que entrega el gobierno al Poder Judicial no es suficiente, y el que corresponde al siguiente año ya el presidente saliente (César de la Cuba Chirinos) ha señalado en qué se va a gastar y cuánto. Yucra Quispe se ha propuesto que en un gobierno suyo se va a mantener y mejorar el prestigio de la CSJA, esta sede judicial es un referente a nivel nacional y el 27 de julio de 2025 cumple 200 años de vida institucional. También se ocupará de atender oportunamente las demandas y de la ejecución de la sentencias porque de nada sirve que se reconozca un derecho si es que no se hace efectivo.

“Tenemos 330 mil expedientes como carga, de esos el 45% está en trámite y un 55% está en ejecución y este es el reto más grande hacer que estos derechos que han sido reconocidos sean efectivos. Eso va hacer importante, porque la población reclama que se ha reconocido un derecho, pero de nada sirve si no pueden concretarlo. Por ejemplo en un beneficio laboral u obligación de dar suma de dinero, al justiciable no le sirve que le digan: señor tiene usted razón, que le paguen los 50 mil soles, lo que el justiciable necesita es tener su dinero en el bolsillo, para hacer eso necesitamos ejecutar la sentencia con rapidez”, precisa.

Para salvar este escollo va a proponer que en cada juzgado que no cuente con un secretario de ejecución externo tenga uno para que se dedique a dar trámite a las demandas de ejecución y reducir el papeleo, eliminando los actos innecesarios para que haya mayor celeridad.

Yucra Quispe se apoyará en la Inteligencia Artificial a la que considera una herramienta útil para ayudar a disminuir la carga procesal.

En los 22 años de labor jurisdiccional no ha tenido una sanción impuesta por el órgano de control. Cuando se le preguntó si cree que en la CSJA hay corrupción, dijo que negarlo es imposible, pero son situaciones pequeñas en su gran mayoría por retrasos en el trámite de un expediente ocasionado por la excesiva carga procesal.

“Los magistrados tienen a su cargo miles de expedientes es humanamente y materialmente imposible atender a tiempo todo, por eso le digo hay actos innecesarios que burocratizan la tramitación de expedientes y se debe hacer un flujo para saber qué retirar. Hay que sincerar transparentar los actos en la Corte señalar lo bueno que se hace y reconocer aquello que se escapa de las manos”, indicó

Sobre las cuestionadas normas dadas por el Congreso sostuvo que los jueces hacen control difuso de estas, asimismo nos recordó que las leyes dadas deben estar acorde con la Constitución. El candidato Yucra Quispe siempre vuelve a uno de los textos sobre daños y perjuicios escritos por Lizardo Taboada que le sirve mucho cuando tiene casos sobre esa materia.

Es docente titular asociado en la Universidad Católica de Santa María dicta el curso de práctica forense civil.

“La Corte de Arequipa es referente a nivel nacional por la calidad de profesionales que nos han dado este prestigio. Hace poco estuve en Lima en un congreso y nos preguntaban qué dice Arequipa, porque nuestros antecesores han ganado ese espacio. Los jueces actuales hacemos todo un esfuerzo para que nuestras decisiones sigan en el rumbo ya ganado”, concluyó.

NICOLÁS ISCARRA PONGO:

Nicolás Iscarra Pongo conforma la Cuarta Sala Penal de Apelaciones, él reconoce que no se puede hacer mucho con el presupuesto que se asigna a la CSJA porque está destinado para pagar haberes y otros servicios.

“Sin embargo siempre hay un rango de maniobrabilidad para proponer nuevos proyectos y ahorrar dinero reduciendo costos, acudiendo también al mecanismo de obras por impuestos, de los gobiernos locales y regionales, eso último no afecta en nada la autonomía de los jueces”, nos dice.

Por ejemplo, se quiere impulsar la innovación tecnológica, para con ello reducir costos y reducir las operaciones repetitivas como comunicaciones entre los órganos jurisdiccionales y otras entidades que se hacen y disponer que eso se pase a la tramitación virtual. Del mismo modo evitar las notificaciones dobles, para obviar una segunda visita del notificador ese traslado además de gastar dinero es una inversión de horas/ hombre que es mucho más notorio en áreas rurales.

“No tiene idea de la cantidad de procesos que están atrasados porque no se puede tener el cargo de notificación dirigidos a las partes procesales”.

Iscarra Pongo apuesta por el cambio tecnológico de la CSJA, tiene la convicción que hay procesos internos que pueden ser automatizados, una solución para ello es la Inteligencia Artificial (IA), que sería usada por ejemplo para la elaboración de resoluciones. Esto no quiere decir que la IA va a impartir justicia, sino que puede ser utilizada en la redacción de una sentencia específicamente en el desarrollo del encabezamiento, la sección expositiva, pero la considerativa y la dispositiva se quedan a cargo del magistrado.

En el encabezamiento se indica la fecha y lugar del pronunciamiento, el tribunal, y los nombres, profesión y domicilio de las partes. La expositiva refiere los elementos formales que identifican el conflicto, como las partes litigantes, sus domicilios y profesiones, y las peticiones y excepciones alegadas.

Mientras que la considerativa trata sobre las consideraciones de hecho y de derecho que fundamentan el fallo, ahí no es necesaria la IA sino el conocimiento del magistrado. Finalmente, en la sección dispositiva el juzgador resuelve las peticiones de las partes.

La IA también puede apoyar en la redacción de los decretos que son documentos de mero trámite y consolidar la información de las sentencias para garantizar el principio de predictibilidad que será usada por el juez para resolver una litis siempre analizando cómo resuelven otros juzgados.

Iscarra Pongo registra una queja que aún está pendiente de resolver. Iscarra es el candidato de la concertación, de los consensos y se dedicará hacer gestión sin que eso signifique que se pierda la autonomía e independencia de los magistrados. Se describe como una persona y profesional comprometida con las funciones asignadas y las que asume.

Como juez en materia penal prefirió no referirse a las cuestionadas normas dadas por el Congreso por lo mismo que no quiere adelantar opinión sobre el tema, en caso alguna vez deba apartarse o aplicar las leyes dadas por el Parlamento.

Iscarra no descarta que haya corrupción en la CSJA porque en toda organización donde esté el ser humano siempre habrá ese riesgo, basta que haya un acto corrupción para que todo el esfuerzo institucional se venga abajo.

CELIS MENDOZA AYMA:

El juez superior, Celis Mendoza Ayma, ingresó a la judicatura en 1999 y hoy es uno de los candidatos a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Laboró durante cerca de diez años en Lima donde afrontó casos complicados y emblemáticos en la justicia peruana como el caso del clan de los Sánchez Paredes, el caso del excandidato, Daniel Urresti, y el caso Rodrigo Franco.

“Casos muy complejos que requerían mucha integridad y valentía para tomar decisiones”, indica a la distancia.

Mendoza Ayma sabe que para el 2025 no hubo un incremento significativo en el presupuesto para la Corte Superior de Justicia. Al respecto, plantea que se tiene que hacer un uso más eficiente de los recursos.

“No todo es presupuesto. A veces se recurre al facilismo de decir que es cuestión de presupuesto y que se requieren más órganos jurisdiccionales. El problema está en hacer un uso eficiente de los recursos y obviamente tiene que ver con otros factores”, apunta.

Sobre el alquiler de locales para despachos judiciales y el hacinamiento que existe en la administración de justicia en Arequipa, Mendoza Ayma, indica que lo que falta es hacer gestión.

“Lo que se tiene que tratar de hacer es optimizar convenios con las municipalidades para lograr espacios donde se puede tener locales para despachos judiciales y también para los expedientes. Muchas veces nos ajustamos sólo a las políticas que señala, de manera general, la Corte Suprema. Entonces, si en Lima bostezan acá nos dormimos. De eso no se trata, tenemos que desarrollar la capacidad de buscar la eficiencia del recurso y promover, no el alquiler, sino la búsqueda de locales”, dice.

Como uno de sus principales planteamientos para mejorar la administración de justicia, destaca la realización de un estudio especializado para conocer con precisión el origen o causa del retardo o demora en los procesos judiciales.

“Hay un diagnóstico de esa demora y es como un lugar común entre todos los candidatos decir que ese es el mayor problema, pero no se investiga cuáles son las causas de esa demora. Nosotros proponemos realizar un estudio especializado sobre las causas de estas demoras”, indica.

Además de esa propuesta, Mendoza Ayma, plantea el uso de la tecnología, específicamente de la Inteligencia Artificial, para aligerar el trabajo en la Corte Superior de Justicia.

“Se utilizaría para automatizar las respuestas que no requieren mayor reflexión. Por ejemplo, si se presentan imágenes de variación de domicilio o expedición de copias, con Inteligencia Artificial se puede emitir la resolución en pocos minutos. Ojo, hablo del uso de la Inteligencia Artificial como instrumento para ayudar en ese tipo de casos, no en el razonamiento de las decisiones judiciales”, explica.

Es un convencido de que la principal diferencia con los otros candidatos es su manera de afrontar una posible presidencia de la corte. Indica que asumiría un cargo con actitud de transformación y no solo de cambio.

“No voy a criticar las gestiones anteriores ni la de los colegas, pero muchas veces los cargos se desempeñan con roles estereotipados conforme a un plan estratégico y solamente se llega a cumplir eso. Creo que, dentro de esa planificación muy general, hay formas siempre de especificarlos de acuerdo a las características de nuestra corte y generar cambios de abajo hacia arriba”, sostiene.

Para Mendoza no es necesario esperar lo que implemente o disponga la Corte Suprema para emprender cambios en Arequipa. “En nuestra Corte ya hay ejemplos, como en el tema civil, donde los jueces lideran una reforma procesal. Los jueces, sin esperar una reforma normativa del Código Procesal Civil implementaron la oralidad y ha tenido reflejo a nivel nacional. Se trata de promover el desarrollo de este tipo de prácticas innovadoras”, recordó.

Sobre las quejas o procesos en control interno que afrontan los jueces, Mendoza Ayma, reconoce que alguna vez fue quejado por la demora de los procesos, pero nunca fue sancionado.

“Actualmente yo pertenezco al órgano de control. Creo que no hay juez que no lo hayan quejado, sobre todo por demoras en el proceso, pero en mi caso no hubo ninguno que haya prosperado”, precisó.

En relación a corrupción en la administración de justicia en la Corte Superior de Arequipa, Mendoza Ayma, indica que durante todo el año que ha estado como miembro del órgano de control no encontró un caso donde algún juez haya sido denunciado por corrupción. “El 99.9% de las quejas y casos son por retardo en los procesos”, dice.

No obstante, reconoce que el hecho de que no haya quejas o denuncias no quita que haya casos de corrupción.