Por: Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto.

VIDENZA INFORMA

Luego de doce años, la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) regresó a Arequipa bajo el lema “De la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro”. La agenda del reciente cónclave empresarial tuvo muchos elementos comunes a la del 2014, cuyo lema fue “El país que soñamos está en tus manos”. En ambas ediciones, se puso el énfasis en la necesidad de acelerar el crecimiento económico para retomar un rumbo de mayor desarrollo y progreso para la población. Lo anterior demandaba imprimirle urgencia a una serie de reformas que encararan los desafíos estructurales del Perú, incluyendo mejoras en la capacidad del Estado para brindarle servicios de mayor calidad a la población —educación, salud, etc.—, a la par con crear un entorno regulatorio favorable para la inversión privada.

Estos desafíos persisten hasta hoy, pero se les han añadido nuevas y más complejas problemáticas, como la lucha contra la inseguridad ciudadana, el combate contra la explosión de actividades ilícitas, la inestabilidad política crónica, la agudización de la corrupción y la desconfianza ciudadana. La debilidad institucional ha agravado la percepción empresarial respecto al futuro. Y todo esto bajo un entorno afectado por los riesgos geopolíticos internacionales, la disrupción tecnológica, la polarización y la fragmentación política.

Mucho de lo discutido no es novedad. Sin embargo, hace doce años acudieron a la cita empresarial el presidente de la República y gran parte de su gabinete, mostrando al menos la actitud por establecer puentes de comunicación entre el sector público y el empresarial. Esta edición de CADE haya sido quizás la más deslucida ante la ausencia total de autoridades del sector público del más alto nivel, con excepción del presidente del Banco Central de Reserva y de los anfitriones arequipeños. Ningún ministro de Estado ni autoridad relevante acudió a este espacio. Quizás fue un error de los organizadores no incluir en el programa oficial a más autoridades so pretexto de que los temas tratados eran transversales y no sectoriales. Pero, aun así, esta situación refleja un problema más profundo: la falta de diálogo real entre el sector empresarial y la autoridad, empezando por la propia presidenta de la República.

No hay país democrático donde el jefe de Estado se niegue a escuchar (o a confrontar, según sea el caso) los planteamientos y las críticas del actor que genera empleo y sustenta al Estado mediante el pago de sus impuestos. Hemos llegado al extremo de que la presidenta no quiere exponerse a crítica alguna y no acepta la gran desaprobación que tiene de todo el país, incluido ahora al empresariado. Esto muestra a una mandataria incapaz de desempeñar su rol. Rendir cuentas de sus actos u omisiones es un requisito imprescindible para quien conduce los destinos de un país. Lamentablemente hemos corroborado que la conducción que tenemos no quiere dar la cara y persiste en aislarse de todo aquel que no le lleve el amén.

Estamos ante la ausencia total de liderazgo y esto se nota en la pérdida de rumbo que sentimos. Toda acción estatal es reactiva, desde la atención de los incendios forestales y las sequías hasta la tardía respuesta ante la conflictividad social desatada por mineros informales. La inoperancia y la falta de efectividad para encarar los problemas que vivimos parten de una cabeza con serias limitaciones y sin sentido de responsabilidad. Es una lástima que se haya desperdiciado el espacio público-privado que tradicionalmente brinda CADE.

El sentido de urgencia obliga a plantear propuestas convocando a todos los agentes relevantes de la sociedad. Un ejemplo positivo dentro de todo fue la presencia de lideres de todas las cámaras regionales de comercio del país, quienes suscribieron un acuerdo inédito con compromisos puntuales. En el caso de Arequipa, los líderes empresariales locales sostuvieron que la región tiene una cartera de inversiones de más de S/ 40 000 millones en múltiples sectores, desde la minería, la agroindustria, el turismo y la energía. La concreción de estos proyectos podría impulsar de manera significativa el crecimiento regional que se ha venido rezagando frente al resto del país. Para ello, las autoridades regionales y locales (con el Ejecutivo, desde luego) deberán imprimirle mayor velocidad a la toma de decisiones y mostrar mayor voluntad política, necesaria para hacer estos proyectos de inversión posibles. Ojalá que no se desperdicie esta oportunidad y, al cabo del tiempo, sigamos con una agenda de problemas irresueltos.