Por Javier Álvarez

REFLEXIONES

El 20 de noviembre pasado, la Convención sobre los Derechos del Niño cumplió 35 años. El Perú ratificó la Convención en 1990. Era un país muy joven. Casi la mitad de su población menor de 18 años. Según el censo de 1994, el 43.6% de la población la conformaban niñas, niños y adolescentes. Muchos de ellos y ellas no tenían acceso a derechos fundamentales como la salud, nutrición, educación, y muchos menos a la libertad de expresión, opinión o credo, o a crecer libres de todo tipo de violencia. El castigo físico para educar era socialmente aceptable.

Gracias al esfuerzo del Estado y sus servidores públicos, las familias, la sociedad civil, el sector privado y la cooperación internacional podemos decir que el Perú del 2024 sí es un mejor lugar para vivir para las niñas, niños y adolescentes.

Entre 1992 y el 2023, el Perú redujo de 78 a 20 por cada mil nacidos vivos el número de niños que mueren antes de cumplir los cinco años; entre 1991 y el 2023 disminuyó de 37% a 11% la desnutrición crónica infantil; entre el 2001 y 2023 incrementó de 43% a 80% la culminación oportuna de la secundaria; del 2000 al 2023 redujo de 41% a 19% el uso del castigo físico de madres a hijos; y desde el 2009 ha promovido la creación de más de 800 Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA), que son espacios en los que chicas y chicos participan en la formulación de políticas públicas.

Pero también hay enormes desafíos, como la aplicación de la justicia penal a los adolescentes. La neurociencia establece que la adolescencia es una etapa en la que el cerebro experimenta una profunda transformación que afecta el control de impulsos, la percepción de los riesgos y la capacidad de pensar y planificar a largo plazo, pero también de gran flexibilidad y adaptabilidad al entorno, por lo que medidas acertadas de rehabilitación generan una exitosa reinserción social. Juzgar y encarcelar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años, como lo plantea un dictamen recientemente aprobado en el Legislativo, no abona a la recuperación adolescente, ni acaba con la inseguridad. Recordemos que de cada 100 personas implicadas en delitos, una es adolescente y 99 son adultos.

También son parte de la extensa agenda por la infancia: reducir los índices de anemia, superar los magros logros de aprendizajes básicos, erradicar las diversas violencias y cerrar las brechas que dejan atrás a los niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas, rurales y periurbanas, y que limitan oportunidades de desarrollo a las chicas frente a sus pares varones; y asegurarnos de que estos avances alcancen a la niñez con discapacidad.

Actuemos como adultos responsables, y sigamos trabajando para asegurar una sociedad justa y de oportunidades de desarrollo integral a cada niña, niño y adolescente. Que los próximos 35 años sean de avances y no de retrocesos. Para cada infancia, derechos.