— Redacción Diario El Pueblo —

La Contraloría General de la República detectó que 1183 funcionarios y servidores públicos tienen presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en diversos hechos irregulares encontrados en los servicios de control posterior realizados en lo que va de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, informó ayer el contralor general, Nelson Shack.

Durante su presentación ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Desastres del Congreso, indicó que entre los años 2020 y 2021 se han emitido 15 451 informes de control a la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, de los cuales 15 060 corresponden a informes de control simultáneo y 386 son de control posterior, con los cuales se pueden identificar hechos de irregularidad, así como a sus responsables.

“Con el control simultáneo advertimos sobre hechos y situaciones adversas que si no se corrigen oportunamente entonces pueden terminar afectando seriamente la prestación del servicio, el cumplimiento de los objetivos de la intervención pública, generar perjuicios económicos o se pudieron cometer delitos”, enfatizó.

En ese sentido, mencionó que los servicios de control posterior realizados en el marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19 han detectado un perjuicio económico contra el Estado valorizado en S/ 132 311 360.87. Además, se detectó presunta responsabilidad en 1183 funcionarios y servidores públicos, de los cuales 1147 tienen responsabilidad administrativa, 397 tienen responsabilidad civil y 446 tienen responsabilidad penal.

En total, la Contraloría General de la República ha detectado 2293 responsabilidades en hechos irregulares en los informes de Auditoría de Cumplimiento y Servicios de Control Específico (ambas son modalidades de control posterior), de los cuales 1360 son de índole administrativa, 406 son de índole civil y 527 son de índole penal.

En materia de control simultáneo, Shack Yalta indicó que estos informes permitieron detectar más de 26 800 situaciones adversas que fueron alertadas a las entidades públicas para subsanarlas, pero en un tercio de ellas (8960) no se han adoptado acciones para mitigarlas dentro del plazo de tres meses de haber sido comunicadas.

“La Contraloría no hace la obra ni la contratación, sino que coadyuvamos a advertir riesgos en los procesos de contratación, pero son los gestores quienes deben tomar las decisiones oportunamente”, acotó.

CASO “VACUNAGATE”

De otra parte, el titular de la Contraloría General señaló que en el caso de vacunación irregular de funcionarios públicos contra la COVID-19, conocido como “Vacunagate”, se ha identificado que más de 70 funcionarios públicos están involucrados en estos hechos, los cuales originaron su vacunación irregular e inclusive de algunos de sus familiares.

Detalló que estos funcionarios pertenecen a entidades públicas como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Instituto Nacional de Salud, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto y el Ministerio de Salud (Minsa).

“Está en proceso, y a punto de culminar, un control posterior al Gobierno Regional del Cusco sobre la distribución y aplicación de vacunas a familiares de trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Cusco, y otro informe sobre la pérdida o sustracción de 28 frascos de vacuna Pfizer (168 dosis) durante una jornada de vacunación en el Colegio de Ingenieros”, comentó.

Finalmente, adelantó que a fines de enero o principios de febrero se culminará la Auditoría de Cumplimiento al proceso de negociación, adquisición y ejecución de vacunas contra el virus del Sars-Cov2, el cual ha sido clasificado como reservado.