Por: Fidel Gutiérrez

El último fin de semana se cumplieron 47 años de la huelga policial que desencadenó en Lima, además de propiciar la caída del gobierno del general Juan Velasco, una ola de violencia e inseguridad pocas veces vista en tan pocas horas.

La distancia que brinda el tiempo permite vislumbrar elementos sobre los cuales reflexionar y que tienen, por las paradojas que configuran, directa relación con un estado de cosas derivado del rompimiento del orden constitucional y de la imposición del autoritarismo. De pronto, en medio de un régimen militar, el peruano de a pie se vio totalmente desprotegido en las calles y en sus propias casas, sin autoridad a la cual recurrir y sin cobijo alguno.

El 5 de febrero de 1975, tras supuestamente haberse reprimido la protesta policial con la irrupción en la víspera –con tanques de por medio– del Ejército en el local de Radiopatrulla, ni agentes de la Guardia Civil (la PNP que conocemos actualmente recién fue instaurada en 1988) ni las Fuerzas Armadas salieron a patrullar las calles. Su ausencia –prolongada hasta bien entrada la tarde– detonó una explosión de saqueos y enfrentamientos que dejaría un saldo de 86 muertos; cifra oficial cuestionada casi desde el momento en que se dio a conocer. Así, periodistas limeños memoriosos afirman que los disturbios y la tardía reacción militar generaron 200 muertes, si no más.

Otro punto revisitado en esta trama es el del origen de la paralización policial iniciada el 3 de febrero. Si bien se cita como detonante de esta una reprimenda física del jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno a un oficial encargado del resguardo de Velasco por un descuido intrascendente, analistas e historiadores sostienen que finalmente la Policía también aspiraba a participar institucionalmente en un régimen en el que se sentía relegada respecto a la toma de decisiones de gobierno.

Pero sea cual fuera la motivación de la protesta, lo cierto es que todo lo ocurrido se desarrolló en un contexto de estado de excepción perenne. Tanto la paralización de las actividades policiales como el abandono total de la seguridad ciudadana por parte de policías y militares, y los excesos de estos últimos al tratar de restablecer el orden, se desarrollaron sin que organismo alguno velara por el respeto a los derechos fundamentales de los civiles. Vivíamos en dictadura, finalmente.

Además de las vidas segadas, la huelga policial hizo flaquear al gobierno de Velasco, haciéndolo caer seis meses después e iniciándose un período de desmontaje de varias de las más importantes reformas progresistas que impulsó. Y si bien continúan siendo un misterio las razones por las cuales los militares no salieron a cuidar las calles tras reprimir a los policías huelguistas, las consecuencias políticas que esta situación generó pueden arrojar luces y respuestas a las preguntas que se lancen al respecto.