Fujimori: presentan elementos de convicción contra la Fiscalía
— Redacción Diario El Pueblo —

El Ministerio Público expuso ante el Poder Judicial los elementos de convicción que imputan a Keiko Fujimori y otros, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, a causa del supuesto manejo ilícito de fondos de Fuerza Popular (FP) en la campaña presidencial electoral del 2011.

Fue durante una última audiencia llevada cabo esta semana, a cargo del juez Víctor Raúl Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSN).

La exposición de los elementos de convicción fue hecha por la fiscal adjunta Paulina Roque Soplapuco.

Entre lo presentado figura la declaración del exejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien afirmó que el aporte realizado a la campaña de Fuerza Popular fue por intermedio de Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Cámere.

Además, la fiscal precisó ante el juez que el exlegislador fujimorista Rolando Reátegui declaró haber sido convocado por la alta dirigencia de Fuerza Popular para captar falsos aportantes.

Asimismo, refirió que el empresario Giancarlo Bertini Vivanco encomendó a Daniel Mellado Correa el ingreso de activos ilícitos a las cuentas de la mencionada agrupación política.

Bertini, quien se entregó este mes a la justicia peruana, es acusado de formar parte de la estructura que captaba activos de forma ilícita a favor de la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

En una audiencia anterior, realizada el 8 de febrero, la fiscal presentó otros elementos, como las traducciones espontáneas de las autoridades brasileñas, entre las que se encuentra una anotación hallada en el celular del empresario Marcelo Odebrecht.

Aquella vez, Paulina Roque atribuyó a Keiko Fujimori haber ordenado «buscar falsos aportantes para otorgar apariencia de licitud e ingresar los activos maculados a través del pitufeo».

Advirtió, además, que Fujimori instrumentalizó al partido Fuerza Popular, por medio de su bancada congresal, para favorecer a grupos empresariales emitiendo o aprobando proyectos de ley.

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