Por: Roxana Ortiz A.

Un sexto retiro de los fondos de las AFP, no solo afectará a quienes saquen el dinero ahorrado, sino también a todos los demás pensionistas, pero en el futuro se tendrá que incrementar el presupuesto para los programas sociales, puesto que mucha gente quedará sin ningún tipo de ahorro para pasar los últimos años de vida, señaló el Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique.

Desnaturaliza el sistema de seguridad social

En los próximos días se debe estar debatiendo en el Congreso de la República, el proyecto de ley que permitirá que los aportantes de las AFP, puedan retirar por sexta vez hasta 18 mil 400 soles de sus cuentas de pensiones, lo cual señala es muy riesgoso, porque se quedarán sin dinero para su jubilación.

La autorización de un nuevo retiro de fondos previsionales por parte de personas que aún no cumplen con la edad de jubilación, desnaturaliza el sistema de seguridad social. La pensión de jubilación es expresión del derecho a la seguridad social, el cual obliga al Estado peruano a garantizar que las personas cuenten con ingresos seguros frente a contingencias como la vejez.

Según estimaciones consignadas en las observaciones realizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a diversos proyectos de ley, de alrededor de 8,2 millones de personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones, el 28.5 %, es decir unos 2.33 millones, ya no cuentan con saldos de ahorros previsionales. De acuerdo a las proyecciones realizadas, el nuevo retiro autorizado podría implicar que las personas afiliadas sin saldos de ahorros previsionales alcancen los 6.5 millones, es decir el 79 % de las personas afiliadas activas del sistema.

Por ello, el retiro de los fondos tendrá un impacto social que perjudicará a todos los miembros del sistema privado de pensiones, quienes se verán afectados por un menor desempeño del sistema y que además aumentará considerablemente el gasto público futuro de programas asistenciales como Pensión 65 o el Seguro Integral de Salud (SIS) y eventualmente del Seguro Social de Salud (EsSalud), debido a que mucha gente terminará sin nada para subsistir.

La Defensoría del Pueblo considera que nos e debe aprobar dicho proyecto, porque no está probado que beneficien a personas que afronten necesidades y por el contrario, se busquen mecanismos para generar ingresos que no vulneren los derechos humanos.