La propuesta que sanciona la filtración de investigaciones penales se convirtió en un proyecto de ley y fue presentado por el primer ministro, Aníbal Torres, ante el Congreso. La condena por incumplir ello implica hasta 4 años de prisión.

Por: José Colque

El Colegio de Periodistas del Perú (CPP) emitió un comunicado donde sostiene el rechazo a la normativa, argumentando que es un riesgo y amenaza latente contra la libertad de expresión y afecta el derecho de la sociedad peruana de informarse y ser informada, como determina el artículo 2 de la Constitución.

“Puede ser calificado como una “ley mordaza” que vulnera la legislación nacional, filosofía, estándares de la libertad de expresión  y el estado de derecho”, se lee en un fragmento de la pronunciación. Además menciona que se busca legalizar el secretismo y la intimidación en casos mediáticos de corrupción criminalizando las fuentes periodísticas.

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) coincidió en el rechazo precisando que la medida afectaría todo tipo de investigaciones fiscales, y lo considera inconstitucional. “Correspondería más bien a un intento de impedir que se informe sobre los numerosos imputados del régimen”, agrega en el comunicado.

Cabe precisar que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, manifestó que el PL obedece a que en la actualidad, las investigaciones e información reservada se da conocimiento rápidamente al público.

“A veces seleccionan información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder. Por eso estamos presentado al Congreso un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine”, indicó.