Por: Roxana Ortiz A.

Solo en lo que va del año, se han sancionado a 36 jueces y un promedio de 120 trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, debido a acciones reiterativas en el retraso de los procesos judiciales, perjudicando a la población usuaria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

La información fue dada a conocer por el jefe de la Oficina Desconcentrada del Control de la Magistratura de Arequipa, Johnny Cáceres Valencia, quien agregó que por lo menos el 80% de los casos están relacionados con quejas hechas por los ciudadanos que se han visto perjudicados con el retraso de sus procesos, los mismos que no han tenido una atención inmediata.

“Es que la carga procesal que se tiene es demasiado alta, especialmente en aquellos juzgados donde hay temas sensibles, como el de la obligación de dar alimentos a los hijos, problema social que tiene que ser resuelto ante la indiferencia de muchos padres por cumplir con dicha obligación; pero eso no justifica que haya demoras por resolver estos casos, más de lo previsto”, señaló el magistrado.

Son en los Juzgados de Paz Letrado donde más se presentan estos casos, porque además resuelven decenas de procesos a diario, pero se puede entender que haya demora de algunos días, pero en ningún caso se pueden exceder en los tiempos, porque hay personas que se perjudican por estos hechos, añadió.

“Incluso se ha pedido la destitución de un juez titular por ese hecho, no solo porque presentaba demoras en la resolución de sus expedientes, incluso un caso que tenía demoró cerca de dos años en resolver cuando tenía el expediente listo para dictar sentencia. Se le hizo reiteradas advertencias, sanciones leves, pero su conducta no cambió y mostró desidia en su trabajo, por lo que se espera una resolución de la Junta Nacional de la Magistratura en su caso”, dijo Cáceres.

Al respecto mencionó que aún la situación del juez Gino Valdivia Sorrentino, quien fue llevado al penal de Socabaya por haber cometido actos de corrupción, su proceso continúa en la Junta y por lo tanto, mantiene un vínculo con la Corte Superior de Justicia y sigue percibiendo el 80% de su remuneración básica. Si es que la Junta le da una sanción benigna, hasta podría retornar a sus labores.

Aclaró que desde el año 2019, no se ha tenido ninguna denuncia por actos de corrupción y uno de los motivos posibles, es que en el trabajo virtual que se ha llevado a cabo durante la pandemia, los usuarios no han tenido contacto con los jueces ni con el personal auxiliar. También indicó que desde la ODECMA se hacen constantes visitas a todos los despachos.

Resaltó que durante todo ese tiempo de trabajo virtual, las quejas eran muy bajas respecto a los retrasos en la resolución de los expedientes, lo que se incrementó notablemente cuando comenzaron a realizar el trabajo semipresencial y cuando también se puso en operatividad el sistema de quejas. Los pretextos de los magistrados para no cumplir con su labor en este tiempo, eran los problemas de conectividad, la enfermedad de alguno de los familiares y otros; lo que se entiende porque primero es la salud; pero no de manera reiterada, comentó.