— Redacción Diario El Pueblo —

Ante nuevos cargos contra Pedro Castillo que serán investigados en la Fiscalía de la Nación, varios sectores de oposición en el Congreso han anunciado una nueva moción de vacancia contra el mandatario, que tendría que ser evaluada en la legislatura que empezará esta semana.

Crisis permanente en primer año de gobierno

El presidente Pedro Castillo afronta una decisiva semana en el gobierno cuando ofrezca el balance de su primer año en el Ejecutivo el próximo 28 de julio, pero asediado por cinco investigaciones preliminares abiertas por la Fiscalía de la Nación por presuntos actos de corrupción.

Desde el primer día en el Ejecutivo, el cajamarquino exlíder de la última gran huelga de maestros, tuvo a la mayoría de los grupos políticos en el Congreso en contra, encabezados por Fuerza Popular, el partido de su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori.

En la última semana se sumaron dos nuevas investigaciones contra el mandatario, anunciados por el Ministerio Público. A través de las redes sociales se informó que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, indagaría la presunta obstrucción de la justicia en la que habría incurrido Castillo al destituir a Mariano González del cargo de ministro del Interior, y por presunto tráfico de influencias en la compra de biodiesel en el caso PetroPerú.

El caso de la salida de González, quien atribuyó a la decisión del presidente una intención de evitar la captura de varias personas de su entorno actualmente prófugos, motivó a nuevas iniciativas en el Congreso para promover la vacancia de Castillo, un proceso del que ya logró salir victorioso a fines de marzo de 2022.

«La crisis que estamos viviendo ahora es una larga continuación de una crisis desde que él asumió el gobierno», declaró a la agencia de noticias Efe el analista político Sandro Venturo al comentar los últimos acontecimientos políticos en el país.

A los pocos meses de haber inaugurado su gobierno (2021-2026), Castillo afrontaba ya las acusaciones de estar comprometido en irregularidades para la adjudicación del puente Tarata, en la compra de biodiesel y en presiones para el ascenso de los militares.

La prensa denunció los encuentros que supuestamente mantenía con empresarios y representantes de las compañías beneficiadas, e incluso publicó conversaciones entre éstos y su círculo más cercano.

A raíz de esas denuncias, el exministro de Transportes Juan Silva, el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco y su sobrino Fray Vásquez están prófugos de la justicia.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió reabrir las investigaciones que su antecesora había suspendido en enero, y le sumó el caso del presunto plagio de su tesis de maestría y la supuesta obstrucción en la búsqueda de sus ex colaboradores fugados.

Venturo llamó la atención sobre el hecho de que «todo su entorno inmediato y de confianza, o está prófugo de la justicia o está enfrentando investigaciones fiscales», incluida su esposa y su sobrina Yenifer Paredes, a quien crio como su propia hija.

«Creo que estamos viviendo una situación de desmoralización nacional que no vivíamos hace muchísimo tiempo», acotó el sociólogo.

En opinión de Venturo, existe una «informalidad delictiva» que fue tomando los gobiernos locales y regionales en todo el país, en los últimos años, asociada a delitos graves como el narcotráfico, y que ahora se manifiesta en el Congreso y el Ejecutivo.

«La informalidad delictiva fue tomando los territorios en el Perú y hoy ha tomado el gobierno nacional. Y no solamente en el gobierno, sino también en el Congreso y en buena parte del sistema de justicia», afirmó Venturo.