Por: Edgard Norberto “Beto” Lajo Paredes

En nuestro país, cada cinco años, los ciudadanos (as) elegimos a Presidente de la República, 130 Congresistas y 5 Parlamentarios Andinos. Y cada cuatro años, Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros Regionales; como Alcaldes y Regidores provinciales y distritales.

Nos preguntamos: seguiremos teniendo candidatos a gente improvisada, mediocre, desempleados, quebrados e incompetentes. A gente que desconoce las leyes orgánicas de las municipalidades y gobiernos regionales, donde se establecen los órganos de gobierno, coordinación y ejecutivos administrativos; las funciones legislativas, fiscalizadoras y de representación; como las funciones específicas exclusivas y compartidas y delegadas. A gente que ignora la existencia de los sistemas administrativos de: Gestión de Recursos Humanos (contratación de personal y designación de funcionarios de confianza); Abastecimiento (adquisiciones de bienes, servicios y contratación de ejecución de obras, también almacenamiento); Presupuesto Público (determinación de ingresos y gastos corrientes e inversión), Tesorería (contenido del expediente para proceder a efectuar los pagos a proveedores); Endeudamiento Público (condiciones y requisitos para obtener préstamos); Contabilidad (registro de ingresos, gastos y rendición de cuentas); Programación Multianual y Gestión de Inversiones (lo que debe tener un proyecto para ejecutarlo); Planeamiento Estratégico (Plan de Desarrollo Local Concertado, Plan de Desarrollo Regional Concertado y Plan de Desarrollo Nacional); Defensa Jurídica del Estado (Procuradurías Públicas Municipales y Regionales integrado por abogados para la defensa de las Entidades Gubernamentales Subnacionales, no de las autoridades); Contraloría (sistemas de control previo, concurrente y posterior); Modernización de la Gestión Pública (democratización permanente de los tres niveles de gobierno: local, regional y nacional, poniéndolos al servicio de la ciudadanía). Por hablar de los sistemas más importantes y de mayor uso en el Sector Público.

Los candidatos en contienda ¿conocerán la realidad de sus localidades y regiones? Es decir, sabrán cuántos habitantes hay, cuáles son los grupos etarios de mayor volumen poblacional y los grupos sociales vulnerables; tendrán información de las brechas existentes en saneamiento, salud, educación, vial, laboral (empleo, desempleo e informalidad); etc. En cuanto a la Entidad Gubernamental (Municipalidad y Gobierno Regional), habrán revisado sus documentos de gestión: Estructura Orgánica, Reglamento de Organización y Funciones ROF, Reglamento Interno de concejo municipal o consejo regional RIC y otros. ¿Contarán con equipos técnicos competentes y solventes? O solo van a reclutar a financistas para asumir los gastos de la campaña; para luego, de ganar las elecciones, recuperar esa “inversión electoral” agarrando obras, festinando contratos y ocupando cargos de confianza sin merecerlo.

Los candidatos, sus Planes de Gobierno serán auténticos (no plagio); aparte tendrán propuestas para destrabar la ejecución de obras paralizadas; contarán con medidas para elevar la eficiencia en la ejecución presupuestal; habrán diseñado estrategias de prevención, detección y sanción de la corrupción.

Los candidatos a consejeros regionales y regidores ediles, deben darnos a conocer tres documentos de trabajo: Agenda Legislativa Regional / Municipal; Plan de Fiscalización; y Programa de Comunicación con los ciudadanos, también con las organizaciones e instituciones del sector privado y sociedad civil ¿Lo harán?

Ciudadanos y ciudadanas, si queremos buenos gobernantes; primero, seamos buenos electores; segundo, mantengámonos informados para vigilar el desempeño de nuestras autoridades; tercero, participemos organizadamente, en la gestión municipal y regional, mediante las juntas vecinales comunales y otras formas de organización ciudadana; cuarto, ejerzamos nuestro derecho de iniciativa legislativa, presentar proyectos de ordenanzas regionales y municipales; y quinto, integremos las comisiones de consejeros y regidores. Para todo esto, se tiene el marco constitucional y legal. Es nuestro deber conocerlo, organizar cursos – talleres de capacitación para su implementación y hacerlo realidad.