Por: Roxana Ortiz A.

A menos de un mes de haber contraído nupcias y estando en la “dulce espera” la ex gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, recibe una mala noticia, debido a que el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria en su contra, por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y cohecho pasivo propio.

Estos presuntos delitos habrían sido cometidos durante su gestión en los años 2015 al 2018 y ha sido la fiscal provincial Ángela Zuloaga Bayes del Octavo Despacho del Equipo Especial Lava Jato, quien formalizó la investigación el pasado 31 de agosto.

Igualmente solicitó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, audiencia que tiene previsto se realice hoy jueves a las 11 de la mañana, en la que se decidirá la situación legal de la ex gobernadora. Ella estuvo viviendo por algunos años en España, luego de haber dejado el cargo en Arequipa.

De acuerdo con la Fiscalía, Osorio Delgado habría constituido y liderado una organización criminal enquistada en el Gobierno Regional de Arequipa, la cual señalan, bajo una resolución criminal operó durante los años mencionados y cuyo plan habría sido constituir la comisión de delitos contra la administración pública; para ello se habría designado en puestos claves de la entidad, a miembros de la organización delictiva, según la información que maneja el Equipo Especial de Lava Jato.

De la misma manera y de acuerdo a la Fiscalía, a la ex gobernadora se le imputa el delito de colusión, debido a que en su cargo como autoridad regional, intervino de manera directa en la licitación de la obra: “Mejoramiento de la carretera variante de Uchumayo entre el puente San Isidro y la Vía de Evitamiento en los distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado para el Tramo III.

La exgobernadora regional habría concertado, a través de su funcionario de confianza, Edgar Montalvo Gálvez con Fernando Castillo Dibós, gerente de la empresa ICCGSA, por intermedio de Carlos Zariquiey y Rafael Granados Cueto, para favorecer a la citada empresa a cambio de un beneficio económico en perjuicio de los intereses patrimoniales del Estado.

La ex gobernadora tendrá que acudir el próximo miércoles 21 de diciembre desde las 9:30 de la mañana, a la fiscalía para ofrecer sus declaraciones respecto a esta grave denuncia. Para estas investigaciones, la Fiscalía cuenta con colaboradores eficaces que habrían proporcionado la información y los detalles de cómo es que se habría pactado con la empresa ganar la millonaria licitación a cambio de un presunto soborno.