Por: José Colque

Un grupo de ciudadanos realizaron varias transferencias de un remolcador marca Volvo incrementando el precio de venta para luego ofertar la unidad a una empresa, pero tras diferentes diligencias la Fiscalía sustentó que el vehículo ingresó ilegalmente al país acusándolos como coautores del delito Receptación aduanera en agravio de SUNAT. Por ello, el Poder Judicial determinó en primera instancia la condena de los cuatro ciudadanos por 8 años de pena privativa de la libertad.

Se trata de Milton Percy Palacin Bernuy (44), Arturo Mamani Guere (50), Vilma Hilda Palacín Chávez (56) y Albino Yaringañon Camarena (41). En audiencia, la fiscal adjunta al provincial Mary Ann Valdivia Ybarcena de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, demostró la responsabilidad penal de los procesados en base a pruebas irrefutables, admitidas por el Juzgado Penal Colegiado.

Según la tesis expuesta, Milton Percy Palacin Bernuy y Arturo Mamani Guere, vendieron un remolcador marca Volvo por 2 mil soles, a Vilma Hilda Palacín Chávez. Luego Palacín lo transfirió por el mismo monto a Albino Yaringañon Camarena, y éste con conocimiento y/ o presunción que el vehículo provenía de contrabando, lo vendió a una empresa de transportes a 57 mil soles. Durante dichas transacciones, en dos ocasiones le cambiaron el número de la placa UH-4964.

La condena fue en primera instancia, por lo que el Juzgado dispuso la suspensión de la ejecución provisional de la pena hasta que sea confirmada. Dicha disposición judicial también contempla que los cuatro ciudadanos tendrán que pagar un monto total de S/ 88 mil 661.75 por el concepto de reparación civil. Cada uno abonará S/ 22 mil 165.44, además de la copenalidad de 730 días multa que equivale a 3 mil 041.66 soles.

De los actuales condenados, Milton Percy Palacin Bernuy y Arturo Mamani Guere cuentan con una sentencia del 2004 en Lima, por un delito similar. Aquel entonces, adquirieron un ómnibus, conociendo que provenía de actos de contrabando, que no contaba con póliza de importación y documentación sustentaría que acredite su ingreso legal al país. Además, suscribieron un acta de transferencia vehicular, donde aparece el nombre de una vendedora cuya firma y huella son falsas. Pero, la pena impuesta en dicho juicio fue convertida a jornadas comunitarias.