Por: Carlos Meneses

“Ahora le toca, otra vez, al Congreso decidir sobre un tema político que se sustenta en que antes del 2026 termine el régimen que inició Castillo y que ha seguido Boluarte”.

Son muchos lo decires, pero también hay conclusiones con respecto a lo que desean realmente los congresistas que en extraña forma de concertación rehúsan, como es de su obligación, decidir una salida política adecuada a las realidades que vive el Perú desde el 7 de diciembre.

Lo malo es que está quedando a la vista de la opinión pública que lo que quieren, en mayoría, los congresistas es quedarse hasta el 2026 y con ello alentar a que la crisis política, social y económica que vivimos no termine sino para entonces.

Es un modelo copiado, pues ya existió en Colombia donde durante un año las tensiones, semejantes a las callejeras del Perú, se produjeron y también a lo ocurrido en Chile antes de que se convocara a una Convención Constituyente que terminó desaprobada por la ciudadanía en mayoría. Así que es parte de una fórmula que hasta ahora les está dando resultado a los grupos izquierdista latinoamericanos.

La agitación en las calles provoca crisis que afecta la inversión y el empleo y es exactamente el mismo patrón que se está utilizando en el Perú; soplando la pluma a terceros y generalmente a la calle para que la gente crea que es un problema que no tiene solución mientras el Congreso no quiera resolverlo, apelando a los recursos que le flanquea la ley y la Constitución.

Ahora la iniciativa del Ejecutivo de adelantar elecciones tendrá que recorrer un camino más largo y expeditivo que los 3 días de negociaciones inútiles entre la izquierda y la derecha, varias comisiones tendrán que ver lo que resulte de la exposición de ayer del representante del Ejecutivo y ministro de Justicia.

En tanto las calles seguirán esperando, no sin abandonar la agitación y el desorden.