La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó ayer, una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra la la ley impulsada por el Congreso que lo faculta para designar a su propio procurador.

El recurso legal fue presentado ante la Corte Superior de Justicia de Lima por el procurador general Daniel Soria para dejar sin efecto la norma promulgada por el Ejecutivo, el pasado 7 de junio. 

Según informó la PGE a través de sus redes sociales, con la demanda se busca defender «la autonomía en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, así como del derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad».

La Procuraduría informó también que la causa judicial será resuelta por la jueza Malbina Saldaña del Sétimo Juzgado Constitucional de Lima.

POLÉMICA

La Ley N° 31778 – oficializada en el diario El Peruano – modifica cinco artículos y otras disposiciones complementarias del Decreto Legislativo 1326, a fin de establecer que el Consejo Directivo de la PGE se encarga del proceso de selección de procuradores públicos, con excepción del Congreso, el Poder Judicial y otros organismos autónomos.

A su vez, la norma establece que «los procuradores públicos designados estarán sujetos a la evaluación y ratificación por parte de los titulares del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los mencionados organismos constitucionales autónomos, las cuales deberán llevarse a cabo en un plazo no mayor de cuatro meses contados a partir de la vigencia de la presente ley».

En ese sentido, el procurador Soria, en una entrevista para RPP Noticias, manifestó su oposición a la ley impulsada por el Parlamento pues «parte en dos el sistema de defensa jurídica del Estado».

«Es una decisión antitécnica porque los sistemas administrativos existen para darle más eficiencia a los servicios del Estado; en este caso, el servicio de defensa jurídica”, indicó.

«Esos procuradores salen de la competencia funcional del Estado. La PGE, frente a hechos que se susciten no podrá someter disciplinariamente a ninguno de sus procuradores ni hacer evaluaciones de desempeño. Tampoco podrá capacitarlos, porque ellos van a depender de su entidad», agregó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, indicó que la norma no resta autonomía a la PGE, sino que busca que el Congreso y otras instituciones públicas puedan ejercer su defensa considerando eventuales discrepancias con el Poder Ejecutivo.

Cabe resaltar que cuando el proyecto de ley fue remitido a consulta técnica por el Congreso al Ministerio de Justicia, este último planteó observaciones. No obstante, la norma fue promulgada por el Gobierno.