El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial seis años de prisión contra el exalcalde provincial Alfredo Zegarra y otros cinco exfuncionarios por presuntamente haberse coludido con un consorcio privado para la realización de una obra. Durante el juicio iniciado ayer, la Fiscalía también pidió que los acusados sean inhabilitados por cinco años para ejercer cargos públicos y una reparación civil de 1 millón 750 mil 240 soles.

Los cuestionamientos de Alfredo Zegarra renacen. Ayer inició el juicio por presunta colusión que el exalcalde y otros cinco exfuncionarios cometieron en favor de una empresa para darle la buena pro de un proyecto. El Ministerio Público solicitó que la exautoridad y los demás coimputados sean sancionados con seis años de prisión y cinco de inhabilitación. Además, la Procuraduría pide una reparación civil de 1 millón 750 mil 240 soles.

El juez Unipersonal Supraprovincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Edy Leva Cascamayta, inició el juicio contra Zegarra Tejada ayer. También estuvieron como acusados el exsubgerente de Asentamientos Humanos y Presidente del comité especial ad hoc, Ángel Manrique; el exsubgerente de Logística e integrante del comité especial ad hoc, Pedro Valdivia; el miembro del comité especial ad hoc, Carlos Perea; el exgerente de asesoría jurídica, Luis Begazo; el exgerente de Desarrollo Urbano, Carlos Moya; y el supervisor, Raúl Gallegos.

La Fiscalía sostiene que los exfuncionarios habrían coludido con el representante del consorcio GR Arquitectos, Juan Carlos García de los Reyes, entre marzo del 2011 y agosto del 2013 para que dicha empresa realice el “Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades Institucionales para el Ordenamiento Territorial en la provincia de Arequipa”. El ciudadano español también fue acusado en calidad de cómplice primario, ya que sin su intervención, los extrabajadores municipales no hubieran podido consumar aquel presunto delito.

Cabe señalar que el cuestionado proyecto también incluía la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), y el, igualmente polémico, Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). Aquellos instrumentos rigen el avance sostenible de las ciudades, sin embargo ambos están paralizados por las irregularidades vistas cuando se ejecutó aquel plan.