Las fuerzas de seguridad de Venezuela han sido denunciadas ayer miércoles ante la justicia federal argentina por cometer presuntos crímenes de lesa humanidad. La querellante Fundación Clooney para la Justicia pide a los tribunales argentinos que apliquen el principio de jurisdicción universal para investigar las “sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela” desde 2014. Buscan probar la posible responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad en graves delitos cometidos contra quienes son percibidos como opositores por el Gobierno de Nicolás Maduro. Han decidido recurrir a este país, dicen, por la falta de garantías para que estos crímenes sean juzgados en Venezuela. “Las víctimas no tienen acceso a la Justicia en Venezuela, no saben dónde ir”, argumentó en una entrevista con EL PAÍS el abogado querellante, Ignacio Jovtis, en la víspera de la presentación judicial.

“Las fuerzas de seguridad van contra aquellos que son opositores o que son percibidos como tales”, señala Jovtis, quien representa a dos víctimas. “No estamos hablando de delitos aislados sino que creemos que son delitos que corresponden a un patrón, a una política de Estado que tiene una sistematicidad evidente”, puntualiza. Este letrado, que ha trabajado un año en la denuncia presentada este miércoles, cuenta que ha entrevistado a decenas de personas en toda Venezuela. Algunas de ellas, procedentes de regiones muy separadas y sin ningún tipo de vínculo entre sí, asegura que “fueron detenidas, torturadas y liberadas de forma notoriamente similar”.