Por: Carlos Meneses

A finales del 2022 e inicios del presente año se registraron violentas protestas, donde vándalos atacaron aeropuertos, carreteras y hospitales, causando daño a todos los peruanos y grave perjuicio al país con la vulneración de estos derechos. Estos actos de violencia no se deben repetir, porque costaron la vida de casi 60 personas.

El derecho a la manifestación pacífica, si bien es un derecho humano comprendido en las libertades de reunión y de expresión, merece ser tratado de manera especial y no debe significar acto de violencia alguno.

Las protestas anunciadas en la capital del país y otras regiones, se deben ejercer de forma pacífica y excluir toda acción de violencia contra personas, ni permitir el ataque a instalaciones públicas o privadas, ni de aquellas que prestan servicios públicos.

De esta manera, frente a la anunciada jornada de protestas, el arzobispo de Arequipa, monseñor Javier del Río Alba, hizo una invocación a la paz, “la violencia genera más violencia y el atraso del país”.

Ante la anunciada marcha por la tercera toma de Lima, los protestantes y las autoridades deben solucionar discrepancias mediante el diálogo por el bien de la estabilidad económica y democracia del país. Hay puntos prioritarios que atender en la agenda nacional como la crisis sanitaria (coronavirus, dengue y otros males), la pobreza, el desempleo y la inestabilidad política.

Es lícito manifestar públicamente la desazón sobre lo ocurrido en la comunidad política y civil, siempre y cuando estas manifestaciones no impliquen actos de violencia, enfrentamientos entre peruanos, destrucción de la propiedad o impedir el libre tránsito de ciudadanos. Las manifestaciones son bienvenidas en la medida que sean medidas de diálogo, dijo el Prelado.

Recordemos que casi siempre la manifestación pacífica es un punto de llegada y no un punto de partida, es decir es después que se han agotado otras vías de solución.