Por: Carlos Meneses

Toda política o estrategia penitenciaria demanda un esfuerzo multisectorial, pero la conducción está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El hacinamiento ha convertido a los establecimientos penitenciarios en “bombas de tiempo”, porque cada vez ingresan más internos. Las posibilidades de control son mínimas, así como las condiciones en las que vive la población penal son precarias y lamentables.

Según el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, actualmente la población encarcelada en el Perú es de 91 mil y la infraestructura tiene una capacidad para 41 mil reos, es decir existe una sobrepoblación que sobrepasa en 100 por ciento.
Maurate precisó que la crisis de los establecimientos de reclusión obliga a la construcción de por lo menos 20 cárceles más con gran capacidad. Asimismo, el ministro recordó que en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) se señaló que se debe construir más penales en el país debido al hacinamiento.

Por ello, el Minjusdh tiene el propósito de destrabar los proyectos para la construcción de nuevos centros penitenciarios y ampliación de otros, algunos de ellos en el sur del país, como son en Ica y Arequipa. Y otro aspecto a trabajar es la resociliazación.

El Ejecutivo debe considerar en su política nacional penitenciaria, como objetivo principal que las personas privadas de su libertad cuenten con mejores condiciones de vida y mayores oportunidades, pues el propósito principal del sistema penitenciario es la resocialización de las personas que han cometido delitos y que, sin las mínimas condiciones de salud, aseo, educación, habitación, entre otros servicios, dicha meta se vea obstaculizada.

Es decir, deben promover la  reducción significativa del hacinamiento en el sistema penitenciario; mejorar las condiciones de vida digna para las personas privadas de libertad; fortalecer habilidades para su reinserción a la sociedad y combatir la corrupción en el sistema penitenciario.