Legisladores con procesos penales en trámite o sancionados por la Comisión de Ética estarán prohibidos de integrar la Mesa Directiva del Parlamento, de ser propuestos para cargos directivos del cuadro de comisiones y de participar de viajes oficiales al exterior en representación del Parlamento, según un proyecto de ley presentado por el congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso).

En el caso de los legisladores sancionados por la Comisión de Ética Parlamentaria, la propuesta precisa que dicha sanción acarreará su inelegibilidad para ser miembro de este grupo de trabajo especial.

El proyecto modifica los artículos 20 y 34 del Reglamento del Congreso, con el objeto de  fortalecer la idoneidad e institucionalidad parlamentaria de los que asuman la Mesa Directiva, cargos directivos del cuadro de comisiones y representaciones oficiales en el exterior.

En la exposición de motivos del proyecto se menciona un estudio de opinión pública de julio del presente año, el cual arrojó como resultado la baja aprobación del Congreso y su alto rechazo por parte de la ciudadanía (desaprobación del 86 % y solo una aprobación del 9.1 %).

Al respecto, se indica que si bien los principales responsables de filtrar a las personas que participan y militan en sus agrupaciones son los partidos políticos, una vez electos los parlamentarios, es deber del Congreso de la República establecer criterios y reglas mínimas que eviten cualquier objeción de idoneidad, integridad o independencia para el cargo.

Se enfatiza que evitar cualquier cuestionamiento es fundamental si un legislador aspira a tener un cargo directivo dentro de órganos sancionadores como lo son la Comisión de Ética Parlamentaria y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, o, en su defecto, busque ostentar y representar el cargo más importante como es el de presidente del Congreso. 

El texto observa que las bancadas hayan propuesto a legisladores sancionados por la Comisión de Ética para integrar este grupo de trabajo o a congresistas sancionados por el pleno para presidir una comisión ordinaria; por ello se subraya que  es imperativo establecer requisitos mínimos para acceder a cargos directivos o para ser parte de comisiones especiales.