Por: Alejandro Paz S.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha recibido autorización del Pleno del Congreso para iniciar investigación sumaria a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia por supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones, investigación que puede terminar en su destitución o archivo. Los congresistas que la promueven sostienen que aquéllos actuaron con fines políticos utilizando como fundamento un pronunciamiento institucional en contra del juicio político que fuera sometida la ex Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos como una supuesta intromisión ante la Corte Suprema para que dicha instancia se pronuncie contra la decisión de inhabilitarla de la función pública.

Imelda Tumialán, actual presidenta de la JNJ, ha negado tales faltas expresando que detrás hay la intención de desaforarlos por motivaciones políticas no muy transparentes. Es sabido, que a estos integrantes de la JNJ se les considera dentro de la esfera caviar, que tanto daño ha generado a la institucionalidad en general del país, más el hecho de haber pretendido cualquier pronunciamiento de magistrados del PJ sobre el proceder político del Parlamento sí es cuestionable, pues se considera que la JNJ no es deliberativa en temas políticos. Es obvio que ante una acusación la primera respuesta de defensa es negarla, pero dada la responsabilidad y nivel profesional de los cuestionados no puede aceptarse ningún subterfugio que empañe cualquier investigación a cargo del Congreso cuando le es una prerrogativa funcional, sobre todo si se trata de asuntos de interés público.

El Alto Comisionado para Derechos Humanos en Perú, Volker Türk, ha exhortado al Congreso a acatar principios básicos de las ONU, en relación a la investigación sumaria a seguirse en contra de los integrantes de la JNJ, por implicar vulneración a la independencia judicial y la separación de poderes. Habría que aclarar que constitucionalmente la JNJ es un organismo independiente pero no puede afectarse la independencia judicial la cual es prerrogativa del Poder Judicial, diferente sería el caso de intromisión en este poder del Estado o interferir en sus decisiones, sea en la forma, modalidad o circunstancia que se materialice, salvo actos de notoria contravención constitucional. En la afectación a la separación de poderes, la JNJ no es un poder del Estado y aún cuando pudiera estar inmerso, en parte, dentro del sistema de justicia por la selección, nombramiento y sanción a magistrados del Poder Judicial como de miembros del Ministerio Público, sus integrantes no dejan de ser funcionarios públicos y por tanto pasibles de investigación por el Congreso con justa motivación mediando hechos graves imputados con verosimilitud.

Las embajadas acreditas en el país, de Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Francia, México y Reino Unido, en comunicado conjunto han emitido pronunciamiento defendiendo la separación de poderes y la independencia de las instituciones dentro del marco del Día Internacional de la Democracia. Con la reserva de Argentina y México, dada su recurrente injerencia en nuestra política interna, queda claro que este Congreso deslegitimizado nos expone ante la comunidad internacional como un agente que viola principios fundamentales de la democracia, que si bien se puede legitimar para ejercer actos de control interno, lo que hace es denigrar al país.