Por: Carlos Meneses

De seguro dar información sobre lo ocurrido ayer sábado, en Lima, reclamando democracia y libertades hubiera sido suficiente para poner ante jueces a quienes hubieran informado de la marcha o de la protesta realizada. Lo que no puede ni debe hacerse ni de juego como parece haber pretendido el Ejecutivo al enviar el proyecto de Ley al Congreso y anticipar el desaire que era lógico que se produjera.

Nadie entiende por qué y para qué el Poder Ejecutivo, que preside la señora Boluarte, envió un proyecto que esperaba el Congreso convirtiera en Ley y en el cual se limitaba el derecho ciudadano de los periodistas a informar y si se cubría actividades de protesta ciudadana, serían sujetos a acciones judiciales, o se buscaba intimidar a quienes cumplen tarea en prensa escrita, radial y televisada en hacer de conocimiento público actividades que limitaban los derechos que la ciudadanía tiene de informarse de lo que ocurre en el país o de opinar sobre ellos.

Afortunadamente, la Comisión de Constitución ha rechazado semejante planteamiento señalándolo como contrario a normas democráticas vigentes en el país, excepto en regímenes autoritarios o dictatoriales. El Consejo Nacional de la Prensa Peruana y de las Asociaciones de Periodistas del Perú han expresado su protesta ante el planteamiento del Ejecutivo.

El dispositivo proyectado ha sido objeto de revisión y crítica por parte de la propia presidenta de la República en una declaración formulada a la ciudadanía; da la impresión que quienes elaboraron la inconveniente propuesta no conocían la idea que ahora la jefa de Estado, también, defiende y eso revela que pareciera que al interior del gobierno hay quienes tienen planteamientos diferentes sobre lo que se propone al Congreso y lo que realmente piensa la mandataria o el Consejo de Ministros sobre lo que se quiere hacer en el Perú.