Por: Héctor Loayza Arrieta

La trata de personas es uno de los flagelos más atroces que enfrenta la humanidad. Deja cicatrices imborrables en sus víctimas tras vulnerar por completo sus derechos y exponerlas a condiciones de vida degradantes que, muchas veces, las conducen a la muerte.

De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, de enero a junio del 2023, se han registrado 197 víctimas de trata de personas, siendo el 92.4% mujeres, el 48.7% son niñas, niños y adolescentes. El 48.77% del total de casos terminó en explotación sexual.

El Ministerio del Interior (Mininter) está empeñado en revertir drásticamente estas cifras. Como entidad rectora en la lucha contra la trata de personas, está trabajando intensamente en el tema preventivo y social, promoviendo la participación de la población para que denuncie los casos de trata, y también desde el frente operacional, con operativos y acciones de inteligencia policial para asestar duros golpes a bandas y organizaciones criminales, nacionales e internacionales, involucradas directamente en este delito.

En ese objetivo, el Mininter, luego de un arduo trabajo articulado y coordinado con entidades competentes en el combate a la trata de personas, diseñó el nuevo “Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas”, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-2023-IN y publicado ayer domingo 17 en el Diario Oficial El Peruano, el cual reemplaza al protocolo anterior vigente desde el 2016.

Siguiendo la línea marcada por la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030, el nuevo protocolo intersectorial tiene por objeto estandarizar procesos y procedimientos tanto en las entidades públicas del gobierno nacional, regional y local, como en entidades privadas que luchan contra trata de personas, optimizando, de esa forma, la gobernanza institucional necesaria para una adecuada articulación interinstitucional frente a este flagelo.

Asimismo, busca garantizar una adecuada protección a las víctimas de trata, considerando los principios de prohibición de discriminación y de no revictimización, que implica que se les brinde atención y servicios sin prejuicios, y teniendo en cuenta su afectación emocional; además del principio de debida diligencia, por el cual el Estado debe adoptar todas las políticas y medidas para prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos de las personas, incluyendo la trata de personas.

A pocos días del Día Nacional de la Trata de Personas, que se conmemora cada 23 de setiembre, este nuevo documento es expresión tangible del compromiso del Gobierno de acabar con esta lacra de la sociedad y sus graves consecuencias para nuestra población.