El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) anunció la caducidad del contrato de ejecución del proyecto Majes Siguas II con la concesionaria Angostura Siguas S.A. La defensa del Gore Arequipa asegura que es la concesionaria Cobra quien incumplió puntos clave del contrato de ejecución, razón por la que es ella la que deberá pagar posibles perjuicios al concedente (GRA). Mismos que solo podrá determinarse tras un proceso de arbitraje. 

A través del oficio N° 569/2023, el Gore Arequipa declaró la caducidad del contrato de Majes Siguas II por causas imputables al concesionario. Según afirman, Cobra incumplió siete observaciones graves y no buscó subsanarlas pese a los plazos otorgados por el concedente, según informó el asesor legal externo, Luis Molero Coca. 

La defensa legal del Gore Arequipa se sustenta principalmente en dos puntos: el primero expone que el expediente técnico N° 2 del proyecto no fue aprobado. Pese a ello, Cobra realizó una construcción –la planta de Dovelas– en la segunda fase sin contar con dicho documento y, lo que es peor, sin un supervisor de obra. 

En tanto el segundo punto expone que Cobra tiene 180 observaciones no levantadas, pero que asume como «comentarios». Por tanto, como el contrato no contempla aprobación tácita y ante el incumplimiento de las observaciones, Cobra no puede hacer un cierre financiero y, en consecuencia, no podría levantar la caducidad del contrato. 

Pese a que en su última carta –con fecha 20 de setiembre– la concesionaria no emitió respuesta alguna sobre el arbitraje de derecho planteado por el GRA como concedente, sí reconoció ser consciente de dicha solicitud; razón por lo que ahora es su responsabilidad decidir si afronta, o no, el proceso de mediación. No obstante, ahora sería ya no solo con una caducidad, sino con dos: la efectuada por la concesionaria y la recientemente levantada por el concedente. 

Aunque desde el GRA reconocieron que es posible que existan responsabilidades de ambas partes, sostienen que el único que podrá disolver las controversias es un árbitro. Por ello, el GRA ya solicitó a la Cámara de Comercio de Lima para que sirva como sede del posible arbitraje de derecho, según lo estipula el contrato original firmado por ambas partes. Asimismo, ya se notificó al Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI), ante un posible arbitraje internacional. 

El asesor legal sostuvo que, pese a las controversias con Cobra, aún buscan una solución mediante el diálogo, pues un arbitraje en el exterior dejaría mal visto internacionalmente al Estado peruano ante posibles inversores futuros. Razón por la que se buscará, en la medida de lo posible, solucionar las controversias según los mecanismos que ofrece el contrato. 

Ahora queda en manos de la concesionaria Cobra decidir a qué proceso se someterá ahora. Para ello, ambas partes –concesionario y concedente– deberán analizar los argumentos legales para que sean presentados en un proceso de arbitraje; ya sea el de derecho propuesto por el concedente o el arbitraje internacional propuesto por la concesionaria.