Por: Christian Capuñay Reátegui

Si uno presta atención a las crónicas policiales que publican los medios de comunicación en el Perú encontrará una característica común entre los protagonistas de los actos delictivos: muchos de ellos, la mayoría tal vez, presentan antecedentes. Es decir, en algún momento se vieron involucrados en delitos, algunos tan graves como el robo agravado o el asesinato.

La pregunta que surge de inmediato es ¿por qué están en las calles personas que presentan un abultado prontuario? En la mayoría de los casos, la respuesta puede encontrarse en una deficiente actuación de jueces y fiscales, en la aplicación de sanciones poco rigurosas o en procedimientos deficientes que desembocan en liberaciones de delincuentes incluso antes de haber puesto un pie en la cárcel.

Todo ello nos lleva a considerar que las acciones dispuestas para frenar el avance de este fenómeno social no tendrán el efecto esperado si son aisladas y si no existe una articulación multisectorial que permita atacar la problemática en sus diferentes dimensiones.

Es así como la Policía puede detener a los sicarios más temibles o a los extorsionadores más avezados, pero de nada abonará a la tranquilidad de la población si son liberados al poco tiempo o si continúan liderando sus organizaciones desde la cárcel.

En otras palabras, ningún estado de emergencia será efectivo a largo plazo si es que todos los actores involucrados no cumplen sus funciones con eficiencia.

Lamentablemente, además de situaciones en que entidades llamadas a desempeñar una función central en el combate contra la inseguridad incumplen sus deberes, hay casos en los cuales terminan perjudicando directamente dicho esfuerzo. Por ejemplo, resulta indudable que el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Justicia del Parlamento que modifica la extinción de dominio encadenando dicho proceso a una sentencia condenatoria perjudica la lucha contra la criminalidad organizada y la inseguridad en la medida en que le quita al Estado un instrumento legal hasta el momento efectivo en el esfuerzo por golpear las finanzas y el patrimonio ilícito de las organizaciones criminales. Si una de las motivaciones de los grupos delictivos es acumular riqueza y bienes, no se entiende por qué se pretende dificultar la acción de la justicia en dicho ámbito.

De lo descrito anteriormente se advierte que mientras un poder del Estado despliega esfuerzos por combatir la delincuencia, acciones contradictorias de otros sectores no respaldan esa brega, sino que, por el contrario, la afectan. Ello, finalmente, se traduce en acciones de eficiencia limitada.

Las posibilidades de reducir los índices de criminalidad mejorarán si todos los sectores involucrados deciden empujar el carro en la misma dirección y no hay contradicciones entre ellos.