Ante el rechazo casi unánime de parte de alcaldes distritales y gobernadores regionales hacia la Ley N°31876, desde el Consejo Regional de Arequipa (CRA) resaltaron la intención inicial de dicha norma, que busca transparentar los gastos efectuados en obras de gran inversión monetaria. Razón por la que, contrario a la demanda regional, consideran que dicha norma debería ser replanteada y modificada; mas no completamente derogada. 

Como se recuerda, la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) manifestó su rechazo público a la Ley N°31876, asegurando que limitará la capacidad de ejecución de obras en cada jurisdicción, obstaculizando así el proceso de descentralización del país. Especialmente, cuando limita el presupuesto para obras por Administración Directa a máximo 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Es decir, los gobiernos regionales solo podrán ejecutar obras de un costo menor a  S/247 mil 500. 

Para el presidente del CRA, Miguel Ángel Linares Riveros, la reducción monetaria ayudaría a transparentar el proceso de fiscalización en las obras públicas del Estado.

«Esta ley es una respuesta a la incapacidad de los gobiernos regionales, pues en sus ocho primeros meses debieron ejecutar obras en sus jurisdicciones. Si no lo hicieron, el gobierno central –como respuesta– promulgó esta ley que les dice «si hay tanta ineficiencia y lentitud, que lo hagan los privados»», añadió Linares Riveros. 

En la misma línea, el consejero regional César Huamantuma aseguró que «es penoso porque no se está reflexionando realmente qué significa esta ley. ¿Todos vamos a defender la Administración Directa? Modalidad que demora el doble de años para ejecutar un proyecto, el doble de presupuesto y que –según informes de la Contraloría General– tiene los más altos índices de corrupción», refirió. 

Ante esta situación, sería más viable mejorar las leyes que permiten fiscalizar las obras ejecutadas bajo modalidad de Administración Directa e iniciar un debate sobre cómo hacer más eficiente las obras bajo esta modalidad. En tanto, diversas autoridades a nivel nacional presentarán su rechazo a la Ley N° 31876 ante el Congreso; según adelantaron, pidiendo la derogatoria de dicha normativa.