Por: Andrea Boccardi

Cuatro mil adolescentes y mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años se infectaron con el VIH en todo el mundo cada semana en el 2022, en gran parte porque no se respetan sus derechos. Cuando se hacen realidad los derechos de las niñas a la educación y al empoderamiento, su vulnerabilidad al VIH se reduce considerablemente.

En los años 80, al comienzo de la epidemia del sida, la mayoría de los países criminalizaba a las personas LGBTQ+, ahora dos tercios de los países no las criminalizan. La investigación de ONUSIDA demuestra que la prevalencia del VIH entre hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres es cinco veces mayor en países que criminalizan relaciones entre personas del mismo sexo.

Los países que combaten la epidemia del sida lo hacen derogando leyes y políticas discriminatorias, ampliando los derechos humanos para todos y permitiendo que las comunidades marginadas participen y lideren la respuesta. Ecuador y Perú se encuentran entre los 38 países que se han comprometido a poner fin al estigma y la discriminación relacionados con el VIH.

Algunos países están aprobando leyes draconianas que criminalizan y exponen a comunidades a altos niveles de violencia, estigma y discriminación. Las leyes que penalizan la exposición o transmisión del VIH suelen pasar por alto el hecho de que la mayoría de las nuevas infecciones son transmitidas por personas que desconocen que viven con VIH.

Aquellas personas que sufren discriminación en el sector salud tienen 2.4 veces más probabilidad de no volver a consultar y, por lo tanto, de no participar en programas de prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH. Ello determina el riesgo del aumento del número de nuevas infecciones y muertes relacionadas con el sida, lo que es perjudicial para la salud de todos.

La salud pública se ve socavada cuando las leyes, políticas, prácticas o normas imponen el castigo, la discriminación o el estigma a personas, ya sea por ser mujeres, LGBTQ+, migrantes, trabajadoras sexuales o personas que consumen drogas.

Sin embargo, tenemos esperanza en la lucha de las comunidades más afectadas por la discriminación. Ellas están liderando y demandando el derecho a la salud y el derecho a la vida. Necesitan ser acompañadas en este esfuerzo.