Por Orlando Cáceres V.

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) en Arequipa, Harold Loli Rosales, señaló que tienen tres procesos administrativos abiertos por invasiones a monumentos; los cuales pertenecen a la provincia de Caravelí. El funcionario comentó que estos todavía se encuentran en investigación.

Los lugares se ubican en el pueblo de Tanaka y los distritos de Atiquipa y Caravelí. El servidor estatal detalló que todos estos tienen un valor principalmente arqueológico; por lo cual deberán calcular los daños que se hayan dado en estos lugares para emitir la sanción correspondiente.

El Código Penal establece sanciones contra las personas que dañen el Patrimonio Cultural. En el caso de las afectaciones contra los objetos o inmuebles provenientes de la época prehispánica, el artículo 228 dispone una pena no menor de cuatro ni mayor de diez años de cárcel. En el caso de los artículos o lugares que provienen de tiempos ajenos al prehispánico, la ley establece una condena no menor de dos ni mayor de cinco años y con noventa a ciento ochenta días multa.

Las asociaciones e individuos que ocupan de manera ilegal los terrenos caravileños estarían cometiendo estos crímenes. Pues, al momento de apropiarse de estas zonas, dañan parte del lugar o los objetos declarados como patrimonio. Después de identificarlos, la DDC inicia los procesos correspondientes que pueden desembocar en denuncias penales y desalojos de la población que reside en estos sitios.

Respecto a la riqueza cultural que ostentan los terrenos referidos, el arqueólogo de profesión acotó que tienen rastros arqueológicos del imperio incaico en su período tardío. Al cierre de la presente edición, el personal de la dependencia del Ministerio de Cultura (Mincul) desarrolla los procesos administrativos correspondientes al caso.

PROCESO ADMINISTRATIVO

Respecto a los procedimientos normados por el Mincul, Harold Loli explicó que -además de calcular el daño en el monumento histórico- este funciona para determinar las responsabilidades y si el lugar tiene la resolución para ser declarado como patrimonio cultural. Asimismo, el servidor estatal comentó que también investigan si alguna municipalidad autorizó que las asociaciones o sujetos se coloquen en estos puntos para incluir a los funcionarios correspondientes en la investigación.

Los procesos administrativos que realiza la DDC tienen una duración aproximada de nueve meses a dos años. Este tiempo depende de la cantidad de recursos de apelación y las pruebas que se presenten para saber la identidad de los culpables del daño a los sitios patrimoniales.