REGRESA AL MINISTERIO PÚBLICO

La Tercera Sala Constitucional declaró fundada la demanda presentada por Zoraida Ávalos contra el Congreso y ordenó su inmediata reincorporación como

El Poder Judicial resolvió a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al declarar fundada su demanda contra el Congreso, que en junio del año pasado la inhabilitó para desempeñar cualquier función pública durante un período de cinco años. La resolución de la Tercera Sala Constitucional, hecha pública ayer martes, ordena la reincorporación de la magistrada al cargo de Fiscal Suprema Titular del Ministerio Público.

No obstante, declaró improcedente la solicitud de anulación de la resolución legislativa que daba inicio a un proceso penal en su contra por presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El tribunal resolvió “dejar a salvo la potestad del Congreso” para actuar, según sus competencias constitucionales, respecto a las acusaciones de infracción constitucional contra Ávalos, “garantizándole” el pleno respeto a sus derechos.

A lo largo de los últimos once meses, en varias entrevistas, la magistrada ha declarado que su inhabilitación tuvo un “carácter político” y fue el resultado de un “canje de votos por un pacto criminal a cambio de inmunidad en las investigaciones fiscales”. Además, acusó directamente a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de encabezar una red de tráfico de influencias.

En diciembre del año pasado, el hecho que motivó al Congreso a inhabilitar a la magistrada del ejercicio de la función pública durante cinco años fue archivado por el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien determinó que la imputación no constituía un delito.

En junio del año 2023, el Congreso de la República aprobó inhabilitar por cinco años para el ejercicio del cargo público a Zoraida Ávalos tras una supuesta infracción contra la Constitución.

Se le acusó de haber suspendido en enero del año 2022 las investigaciones contra el expresidente golpista Pedro Castillo, por los casos Provías, Petroperú y los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.

En aquel entonces, el actual fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, consideró que la decisión de la Representación Nacional contra Zoraida Ávalos fue incorrecta.

“Es una decisión que no era la correcta porque se trata de una interpretación de una norma, y por ello, jueces (y) fiscales no podrían ser sancionados (…) Si uno interpreta una norma, ¿constituye delito? No”, comentó Villena.