ANTE INACCIÓN DE AUTORIDADES

A pesar del incremento de la extracción y comercialización ilegal de oro en Arequipa, las acciones efectuadas desde el Ejecutivo regional están resultando poco efectivas para frenar la expansión de este tipo de actividades. El proceso de formalización estaría perdiendo espacio ante el avance de la minería ilegal que gana terreno en las provincias de Camaná y Caravelí.

De acuerdo al informe «Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú», elaborado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en nuestro país hay 21 puntos –distribuidos en 11 regiones— donde se almacena y distribuye el oro extraído ilegalmente. En la región Arequipa, las provincias de Camaná y Caravelí son los puntos de mayor preocupación, puesto que son catalogados como territorios de alto riesgo ante la minería ilegal que se desarrolla en ambas jurisdicciones. 

En las provincias de Camaná y Caravelí se ubican los principales centros de acopio para el oro ilegal extraído de las regiones Apurímac, Ayacucho y Cusco. De acuerdo al informe, desde Chala se moviliza hasta 15 toneladas del oro hacia plantas de procesamiento ubicadas en Caravelí. Esta provincia moviliza el 42% de la extracción de minerales de la región Arequipa. Debido a los cambios climáticos de los últimos tres años hubo mala producción agrícola en Caravelí. Razón por la que la población optó por dedicarse a la extracción del oro.

«Desde setiembre del 2023 hasta marzo del 2024, la GREM formalizó cerca de 200 operarios mineros de un total de 18 mil Reinfos. No parece mucho, pero es lo que se puede hacer con los recursos y logística asignados por el gobierno regional. Todo funciona con presupuesto. Si la gerencia no tiene presupuesto adecuado cómo podría contratar a más personal y efectuar más fiscalizaciones», sostuvo el consejero regional y presidente de la Comisión Energía y Minas, Aaron Maldonado López. 

En el transcurso del 2024, la Gerencia Regional Ambiental (GRAM) evaluó mil 783 IGAFOM (Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal). En tanto, hay un promedio de mil 300 expedientes que permanecen a la espera. Una vez que se regularice se pondrán efectuar acciones de fiscalización de parte del gobierno regional. No obstante, de acuerdo a los resultados preliminares, solo una mínima parte de los expedientes evaluados obtuvo la resolución de autorización, dado que los expedientes presentados habrían sido mal elaborados. 

«Este año la GRAM debe desembalsar los expedientes que estaban acumulados y comenzar con la otra etapa, que es la de levantamiento de observaciones y posteriormente en la fiscalización. (…) En tanto, aquellos mineros que laboran en la ilegalidad se debe intervenir a nivel de Estado, con la fuerza pública de acuerdo a la normativo vigente», sostuvo el titular de la Gerencia Ambiental, Fernando Mejía Vargas.

El proceso de formalización lleva más de 20 años desarrollándose en nuestro país, pero ha fracasado en su intento de regularizar la actividad de la minería artesanal y de pequeña escala. Más aún, ante la aparición de grupos ilegales y ha servido como fuente de financiamiento para otro tipo de actividades desarrolladas al margen de la ley. 

UN GRAN DESAFÍO

Según datos del Observatorio Nacional de Política Criminal y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en los últimos años se ha constatado la existencia de actividad minera informal e ilegal en 21 de las 25 regiones. Y aunque esta actividad puede parecer no ser nueva, sí lo es en la magnitud y extensión. Y es aún más inaudito el nivel de crimen y violencia al que esta actividad ha llegado.

La minería formal grande, mediana o pequeña genera recursos para todos los estamentos del Estado, protege la seguridad de sus trabajadores y del ambiente, y cumple la ley.

En 2023 la producción minera representó el 9 % del PBI y el 60 % de las exportaciones totales. El sector minero generó 225 mil empleos directos, los cuales se encuentran fuera de Lima, en regiones como Moquegua, Apurímac, Pasco y Arequipa.

La minería representa más de dos tercios del empleo formal privado: se estima que el sector ha generado de 1.6 a 2 millones puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. Cerca del 50 % de inversión en Obras por Impuestos provienen de empresas mineras, especialmente en el centro sur del país, con obras de saneamiento, educación y salud.