El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex.

POR CASO ROLEX

La mandataria es acusada como presunta autora de la comisión de delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de cohecho pasivo impropio, según RPP.

Este documento se encuentra en el área de trámite documentario del Congreso para luego pasar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde los parlamentarios tendrán que iniciar el proceso respectivo. 

La Fiscalía manifiesta en su denuncia constitucional que la presidenta Dina Boluarte habría actuado «dolosamente» al recibir como «donaciones» los Rolex y joyas de Wilfredo Oscorima, a cambio de Decretos y leyes otorgando presupuesto para la Región Ayacucho.

El pasado 14 de marzo que Dina Boluarte lució relojes de marca Rolex valorizados entre 6 000 a 14 000 dólares. Al ser abordada por los medios de comunicación, la mandataria calificó de “tendencioso” al reporte periodístico, pero confirmó que utilizaba el artículo, el cual dijo que fue comprado con “el fruto de su esfuerzo”. 

“Lo que quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: ‘Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo’. El artículo en particular es de antaño y lo uso muy eventualmente”, respondió a los periodistas en marzo de ese año.

NO ERAN SUYOS

La Fiscalía le abrió una investigación que incluyó luego un allanamiento a su vivienda y en Palacio de Gobierno. Tras ello, la presidenta finalmente reconoció que los relojes no eran suyos sino un «préstamo» que le dio Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho. 

Boluarte afirmó que entre ella y Wilfredo Oscorima existe una “amistad” y explicó por qué aceptó el “préstamo” de la autoridad regional, a pesar de las múltiples investigaciones en su contra por presunta corrupción.

“Fue el primer gobernador que se paró firme cuando el Perú ardía en diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023. Vino acá con los alcaldes de la región Ayacucho y me dijo: ‘ hermana Dina, te voy a ayudar en esta pacificación. Ayacucho no se va a levantar’”, detalló, en referencia a las protestas sociales que se registraron el 15 y 16 de diciembre en esa región, exigiendo el cierre del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.

ACUSACIÓN

La ley penal señala que el cohecho pasivo impropio se atribuye al funcionario que acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente, donativos o beneficios indebidos para realizar un acto propio de su cargo, sin incumplir con su obligación.

La norma establece que, si el funcionario acepta el soborno, se le sanciona con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años, además de una inhabilitación que va de 180 a 365 días y una multa.

En tanto, si el funcionario solicita el soborno, se le sanciona con una pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, junto con una inhabilitación que va de 180 a 365 días y una multa.

Además, la mandataria es investigada por el presunto delito de omisión de consignar declaraciones en documentos en agravio del Estado, que se sanciona hasta con seis años de cárcel.

Boluarte Zegarra también tiene una investigación preliminar abierta en la Fiscalía de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito, que se sanciona con una pena de entre 10 a 15 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargo público.