EXIGEN EXPLICACIÓN A POLÉMICOS AUDIOS

El Congreso de la República presentó una moción de interpelación contra Juan José Santiváñez Antúnez.

Veinte parlamentarios, en conformidad con la Constitución y el reglamento del Legislativo, solicitaron que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez rinda cuentas sobre su gestión frente a la creciente inseguridad ciudadana.

La principal preocupación de los funcionarios radica en la falta de resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.

El informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revelan que el 27.7% de la población urbana fue víctima de algún delito en el primer semestre de 2024, una cifra alarmante que sigue en aumento.

A ello se suman críticas sobre la vinculación de Santiváñez con ciertos clientes relacionados a organizaciones criminales y la supuesta intención de reducir las funciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Este organismo es clave en la investigación de casos que involucran a figuras cercanas al poder, como el hermano de la presidenta Dina Boluarte.

El pliego interpelatorio plantea interrogantes sobre las medidas implementadas por el ministro para frenar la extorsión, el sicariato y otros crímenes que afectan al país.

Por ello, los congresistas exigen explicaciones sobre la falta de coordinación interinstitucional y la carencia de un plan estratégico integral que aborde la inseguridad de manera efectiva.

Uno de los puntos más controversiales es la reciente difusión de audios en los que se escucha una conversación que supuestamente involucra a Santiváñez

Según los congresistas, en esos audios se discutirían decisiones vinculadas a la designación del ministro y a la posible desactivación de la Diviac, lo cual compromete la transparencia de su gestión.

Santiváñez negó rotundamente ser el interlocutor en los audios, desafiando a quienes lo acusan a probar su veracidad. Sin embargo, admitió tener una relación de amistad con Izquierdo Yarlequé, lo que provocó mayores suspicacias entre los opositores a su gestión.

Otro aspecto que ha suscitado preocupación es la adjudicación directa de un servicio de defensa legal para el propio ministro, por un monto de 120 mil soles, lo cual es visto como un uso cuestionable de los recursos públicos. Este hecho ha reforzado las dudas sobre la ética y la transparencia de Santiváñez en su rol como líder del Ministerio del Interior.

La interpelación se llevará a cabo en el próximo pleno del Congreso, donde el ministro deberá responder a 29 preguntas relacionadas tanto a su gestión frente a la inseguridad como a los audios difundidos.

Este nuevo proceso de interpelación es un reflejo del creciente descontento en el Congreso por la falta de resultados en temas claves para la seguridad del país. Las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro de Santiváñez en el gabinete.