Las autoridades de Cayarani (Condesuyos) y cinco distritos de la provincia de Castilla solicitaron al Gobierno Central la declaratoria de emergencia debido a la contaminación hídrica generada por la minera Poracota. Un informe técnico elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) confirmó la presencia de elementos contaminantes que afectan a la población, la agricultura y la ganadería de las zonas involucradas.

Recientemente, la ANA concluyó un monitoreo especial de la calidad del agua superficial en la Quebrada Huamanihuayta, ubicada en Cayarani. El documento, elaborado en conjunto con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), reveló niveles elevados de metales como aluminio, cobalto, hierro y manganeso, todos por encima de los Límites Máximos Permisibles. Las operaciones de la mina Poracota, suspendidas en 2016, provocaron un impacto ambiental que persiste hasta la actualidad, dejando las aguas inutilizables para el consumo humano y dañando la flora y fauna locales.

«Entendemos que la contaminación no se advirtió antes debido a la burocracia estatal. Ahora tenemos un informe y debemos abordar la problemática. (…) La población mantuvo una reunión con representantes de la Minera Buenaventura, quienes informaron que evaluarán los temas técnicos. Creemos que esto es insuficiente, porque los pobladores reportan la muerte de ganado. Desconocemos qué otros daños podría haber causado la minera», declaró Natividad Taco Cueva, consejera regional por Castilla.

Ante esta situación, los alcaldes de Cayarani, Andagua, Chilcaymarca, Chachas, Orcopampa y los centros poblados de Umachulco y Arcata enviaron un memorial al Gobierno Central. En el documento, solicitan la presencia de la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros y el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez. No obstante, aún no hay confirmación de la asistencia de ninguna autoridad.

La reunión está programada para el próximo 16 de diciembre en el centro poblado de Umachulco, Condesuyos. Durante el encuentro, las autoridades de Cayarani y Castilla exigirán la declaratoria de emergencia, así como la implementación de medidas de remediación ambiental y social para las zonas afectadas.