Por: Carlos Meneses

Los mineros han demostrado no solo fuerza en sus empeños, sino éxitos en la pretensión de ser favorecidos por la legalización indebida de lo que supone daño manifiesto a la economía formal.

Contra todo lo que diga el ministro del Interior, Juan José Santiváñez y que contradicen los alcaldes distritales de Lima, que tienen ampliado el regimen de combate a la delincuencia, en la capital siguen ocurriendo balaceras, asaltos y acciones delincuenciales contra bodegueros, barberos y establecimientos que reclaman una participación más activa de la Fuerza Armada en el combate contra las organizaciones criminales.

Según Santiváñez, él no renuncia al cargo porque están disminuyendo los ataques a empresas privadas. A su turno, los alcaldes continúan afirmando que las versiones oficiales no se ajustan a la realidad y que cada vez son más frecuentes los asaltos a bodegueros e incluso a ambulantes en vísperas de la Navidad.

Por de pronto, es de lamentar que 7 carreteras de Ica y de Arequipa permanecieran cerradas por bloqueos de mineros artesanales o ilegales, que solo fueron levantados cuando el Congreso aprobó prorrogar un programa de asistencia válido por 6 meses con ampliación posible por igual tiempo. Por qué no se actuó en la forma que manda la ley para reabrir los caminos y también para abastecer de alimentos y combustible a las poblaciones afectadas y a los choferes. Los asaltos y las muertes continúan y también las amenazas, mientras los congresistas ceden ante las presiones y el ministro Rómulo Mucho es censurado y retirado de su cuestionado portafolio y remplazado por un nuevo titular.