Debido a la aprobación de expedientes deficientes en 2023, el 80% de obras ejecutadas con financiamiento de transferencias financieras del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no han sido liquidadas. Desde el Consejo Regional de Arequipa (CRA) advirtieron que, en consecuencia, se perderán más de S/20 millones debido a posibles adicionales financieros y retrasos de proyectos; perjudicando en última instancia a la población.

En marzo de 2023, el GRA efectuó 69 transferencias financieras, por un monto total de S/344 millones 557 mil 213, a diversos municipios provinciales y distritales. Según un informe del CRA, la ejecución financiera de dichas inversiones alcanza actualmente el 66%. Aunque algunos proyectos ya se han concluido, más del 80% no cuenta con la liquidación financiera respectiva, y al menos 14 proyectos reportan menos del 50% de ejecución a 21 meses de la transferencia.

Desde el CRA informaron que el retraso en la ejecución de estos proyectos genera una Tasa Social de Descuento (TSD) estimada entre S/20 millones y S/25 millones. Este monto, que refleja los activos perdidos del GRA debido a recursos financieros sin ejecutar, deberá ser asumido por las municipalidades. El retardo en el inicio de las obras provocará inevitablemente retrasos en los cronogramas y adicionales financieros para evitar que las obras queden inconclusas, afectando directamente a la población.

«Hemos descubierto que muchas de las transferencias realizadas no cumplieron con los requisitos mínimos para recibir financiamiento. (…) Hay al menos ocho proyectos sin saneamiento físico-legal y una obra culminada sin acreditar su instrumento de gestión ambiental. Varios municipios firmaron compromisos para liquidar sus obras dentro de los plazos establecidos, pero han incumplido lo pactado», señaló el consejero y presidente de la comisión investigadora, César Huamantuma Alarcón.

La dilación en el inicio de los proyectos implica recalcular su rentabilidad social ajustada a través de la TSD, considerando los costos económicos y sociales generados por estos retrasos. Esto resulta problemático, ya que algunos municipios que no cumplieron con el saneamiento recibieron un plazo para subsanar dicha falta. No obstante, a más de un año y medio de recibir el financiamiento, siguen sin presentar la documentación requerida. A pesar de ello, algunos obtuvieron nuevas transferencias financieras en 2024.

Responsabilidades

Aunque los expedientes de los proyectos fueron elaborados y aprobados por los municipios locales, también fueron revisados por funcionarios del GRA responsables de garantizar el cumplimiento de los requisitos necesarios para su ejecución. Esta negligencia recae sobre la Oficina Regional de Supervisión de Inversiones y Transferencias (ORSIT) y también involucra a la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI).

Además, la comisión de investigación alertó sobre el caso del abogado Darwin Hermoza Yanque, contratado por el GRA para evaluar los informes de las transferencias financieras, quien posteriormente integró comités de selección en al menos tres municipios beneficiarios. Según Huamantuma Alarcón, esta situación lo convertiría en «juez y parte», al haber elaborado los informes de evaluación en entidades donde luego trabajó, incurriendo en faltas éticas y posiblemente penales.

Ante los hallazgos, la comisión de investigación anunció que remitirá el informe al Órgano de Control Interno del GRA, al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, para que estas entidades determinen las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.