Por: Carlos Meneses

El tráfico indebido con alimentos que el Estado daba en los desayunos escolares debe tener sanciones ejemplares, al margen de cualquier política de gobierno.

Formalmente el vocero del Ejecutivo es el presidente del Consejo de Ministros, pero hace dos años la jefa de Estado, Dina Boluarte encomendó a un funcionario que trabajó con ella en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) la tarea de ser el que hable con la prensa sobre temas del gobierno.

Ahora resulta que el señor Fredy Hinojosa está cuestionado por haber tenido participación en contratos que fueron lesionantes para la salud de niños beneficiarios de los programas del Estado a los que se daba conservas de carne de caballo y también otros alimentos envasados que causaron daños a quienes recibían desayunos escolares.

Hinojosa ha respondido categóricamente señalando que tales cargos no le afectan y que la mejor prueba de ello es que la presidenta le sigue dando confianza en el puesto que desempeña como su vocero autorizado.

La verdad, el fondo del problema es la necesidad de que se castigara la responsabilidad del titular del sector Julio Demartini, quien se salvó de una eventual censura por lo ocurrido, al no lograrse la votación necesaria para la interpelación correspondiente.

El país está pendiente de la promulgación de una disposición de la Fiscalía que intentará resolver el problema de fondo y castigar a los culpables de haber entregado alimentos dañinos a la salud de los niños.

Entre tanto la denunciante de la irregularidad descubierta insiste en que los proveedores que hicieron cambios indebidos deben ser castigados ejemplarmente.