El exministro del Interior, Juan Carrasco, continuará afrontando la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía Suprema por las presuntas irregularidades detectadas en su designación como titular de este sector durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Esto debido a que el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundado el recurso de excepción de naturaleza de juicio que presentó Carrasco Millones, con el que buscaba la adecuación de este proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de aceptación ilegal de cargo y falsedad genérica, en agravio del Estado.

La defensa legal de Juan Carrasco sostiene que su patrocinado debería ser procesado ante una Fiscalía Provincial y la Corte Superior de Justicia de la República y no por una Fiscalía Suprema y el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, ya que, en mérito a los hechos imputados, estos se habrían cometido cuando aún era fiscal provincial; este decir, antes de gozar de la prerrogativa del antejuicio político.

«Cabe señalar que dicho ilícito se consuma cuando el agente admite voluntaria y formalmente el cargo (con el juramento, firma de conformidad, asume el cargo, etc.). En virtud de ello, es válido que la competencia sea como ministro de Estado y no como fiscal provincial», precisa el magistrado Checkley Soria en su resolución emitida el último tres de diciembre a la que tuvo acceso RPP.

El juez supremo juan Carlos Checkley también preciso que en este caso nos encontramos ante un concurso real heterogéneo, al haber realizado Carrasco Millones dos acciones independientes que a su vez configuraron dos delitos autónomos. En un primer momento, haber consignado información falsa en su solicitud de licencia como fiscal para acceder al cargo de ministro y, posteriormente, haber aceptado ilegalmente un cargo de ministro cuando se encontraba impedido por su condición de fiscal. Bajo ese contexto, el objeto de proceso debe darse dentro de un mismo proceso penal, que en el presente sería bajo las normas del proceso especial por razón de la función pública.

La Fiscalía Suprema asignada al caso había pedido previamente que se rechazara este pedido al precisar que tanto está instancia fiscal como el Juzgado Supremo están obligados a continuar con el trámite de esta investigación, ya que es consecuencia de una acusación constitucional contra el extitular del Interior que fue aprobada por el Congreso de la República.